Más de 12 mil fraudes a adultos mayores sacuden CDMX y provocan iniciativa de castigos severos
El Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México ha presentado una propuesta para aumentar las penas por fraude y extorsión contra grupos vulnerables, principalmente personas adultas mayores y personas con discapacidad. La medida llega tras revelarse que en el último año se reportaron más de 12,700 casos relacionados con estos delitos, superando las denuncias por extorsión telefónica.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la CDMX confirmó que el fraude y la extorsión a personas adultas mayores se han intensificado, un problema que ahora reclama una respuesta contundente de las autoridades. Ernesto Villarreal, coordinador del grupo parlamentario del PT, explicó que la iniciativa busca aplicar castigos más severos para quienes se aprovechen de la vulnerabilidad o el estado de salud de las víctimas para obtener beneficios económicos.
Penas aumentan hasta dos tercios, más castigo para familiares
La propuesta modifica el castigo actual por fraude —que va desde seis meses hasta diez años de prisión y multas que oscilan entre 400 y 4 mil días— para incrementar estas penas hasta en una mitad o dos terceras partes. Este aumento sería particularmente drástico si el responsable fuera un familiar directo de la víctima, destacando un nuevo enfoque para sancionar aún más a los abusadores cercanos.
Además, contempla sanciones para quienes usen logos o imágenes oficiales de programas sociales con fines fraudulentos o lucrativos, fenómeno que ha puesto en jaque tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad.
Alerta internacional y contexto digital contra el fraude
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que el 20% de las estafas virtuales en México tienen como víctimas a personas mayores, muchas de las cuales carecen de herramientas digitales para detectar engaños y fraudes en línea.
Esta situación ha impulsado que la Ciudad de México se alinee con modelos internacionales. Villareal recordó que en California, Estados Unidos, existen sanciones especiales para fraudes financieros contra mayores de 65 años y que en Costa Rica también se elevan las penas cuando la víctima es una persona con discapacidad cognitiva o de la tercera edad.
En México, varias entidades han comenzado a reconocer que la vulnerabilidad de la víctima debe aumentar la responsabilidad penal del agresor. La Ciudad de México busca ahora consolidar esta postura con un marco legal más duro y claro.
Un mensaje claro y urgente para la CDMX
Ernesto Villarreal afirmó: “No se trata solo de castigar, sino de prevenir y de enviar un mensaje claro: en la Ciudad de México no habrá impunidad para quienes lucren con la necesidad del pueblo. Quien defraude a un adulto mayor, engañe a una persona en condición de vulnerabilidad o robe con mentiras a los más pobres será castigado con todo el peso de la ley”.
Esta iniciativa abre el debate sobre la necesidad de políticas públicas más efectivas para proteger a los sectores más expuestos de la población, en especial en la capital mexicana, donde el crecimiento de fraudes digitales y tradicionales ha hecho visible la urgencia de reformar el sistema penal.
Las autoridades locales y organizaciones civiles estarán atentas a la aprobación y aplicación de estas medidas, que buscan fortalecer la justicia y la seguridad para adultos mayores y grupos vulnerables en CDMX.
