En Piedras Negras, Coahuila, el panorama de las quejas contra la Policía Municipal ha tomado un giro alarmante. El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, ha admitido que durante la actual administración se ha incrementado notablemente el número de denuncias presentadas ante las autoridades de Derechos Humanos. Sin embargo, la falta de transparencia en el manejo de estas quejas genera inquietud entre los ciudadanos, ya que hasta ahora no se ha publicado un informe que detalle cuántas de estas quejas han sido acreditadas o sancionadas.
Las denuncias se acumulan en la Comisión de Derechos Humanos, así como en el órgano interno de control y la Contraloría de Seguridad Pública. La situación se complica aún más por la persistencia de expedientes sin resolver, lo que deja a muchos cuestionando la efectividad de los mecanismos de supervisión. Aguilar, en un intento de dar respuesta a las crecientes preocupaciones, defendió la implementación de cámaras de solapa en los uniformes de los oficiales, argumentando que estas herramientas permiten revisar el actuar de los elementos policiales y, de este modo, corregir “malos entendidos”.
A pesar de estas medidas, el caso más polémico que se ha presentado recientemente es el allanamiento en la oficina del notario Raúl Tamez, ocurrido en mayo pasado. Este incidente ha suscitado un gran interés público, ya que el video que podría aclarar lo sucedido sigue sin ser divulgado. La falta de acceso a esta información no solo alimenta las dudas sobre la actuación policial, sino que también resalta la necesidad de una mayor rendición de cuentas en la administración pública.
En respuesta a las críticas, Aguilar mencionó que en algunos casos se han devuelto infracciones a los ciudadanos después de que se acreditaron abusos por parte de los oficiales. Sin embargo, el funcionario evitó especificar cuántos policías han sido sancionados hasta la fecha, lo que deja en el aire muchas interrogantes sobre la efectividad de las medidas disciplinarias. “Al finalizar el año podríamos ya hablar de las quejas que sí se han acreditado y de las posibles recomendaciones”, afirmó Aguilar, dejando a la comunidad en espera de una rendición de cuentas más clara.
La situación actual refleja un desafío significativo para la administración municipal, que se enfrenta a la presión de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. La comunidad espera que la transparencia y la justicia prevalezcan, mientras las quejas continúan sumándose a una lista que parece no tener fin. Sin una respuesta firme y clara, el futuro de la relación entre la Policía Municipal y la ciudadanía podría verse comprometido, lo que subraya la urgencia de abordar estas preocupaciones de manera efectiva.
