Las recientes reformas a la Ley de Amparo han encendido las alarmas en el ámbito jurídico mexicano por abrir un antecedente peligroso que puede amenazar derechos fundamentales de los ciudadanos.
La misma Presidenta de México reconoció inadvertidamente que las modificaciones fueron diseñadas para actuar contra una persona específica: el empresario que se resiste a pagar impuestos bajo la nueva normativa. Esta admisión pone en jaque uno de los principios básicos del Derecho: que las leyes deben ser abstractas y generales, no destinadas a individuos o grupos concretos.
Un golpe al principio de igualdad ante la ley
Expertos y analistas señalan que atacar directamente a un ciudadano o grupo vulnerable la esencia del sistema jurídico al dejar abierta la puerta para que se legislen reglas con objetivos personales o políticos.
El Derecho, a diferencia de las ciencias exactas, se construye sobre interpretaciones y principios que defienden la igualdad y la justicia. La ilegalidad de crear normas dirigidas individualmente puede debilitar la confianza en las instituciones y abrir un efecto dominó de injusticias.
Peligro inmediato para ciudadanos y empresas
Esta reforma, que busca combatir la evasión fiscal de manera directa, impacta no solo a un empresario, sino a todo un sector al romper con las reglas generales de la ley. El riesgo que se advierte es que en adelante se puedan realizar leyes para afectar a ciudadanos concretos, poniendo en riesgo la protección constitucional que ofrece el amparo.
En un contexto donde la confianza en las autoridades fiscales ya está en tensión, esta forma de legislar refuerza la percepción de un régimen jurídico “chueco” y poco transparente, en palabras de críticos del cambio.
¿Qué sigue para la ley y el sistema jurídico mexicano?
Ante el rechazo de expertos, ciudadanos y defensores del Derecho, se espera que el debate sobre esta reforma tome fuerza en medios y círculos políticos para evitar que se normalice esta práctica de legislar contra personas específicas.
La exigencia inmediata es que la Ley de Amparo mantenga su esencia como un mecanismo constitucional que defienda a todos por igual, garantizando la protección contra abusos y arbitrariedades estatales o privadas.
La polémica está servida y la sociedad mexicana vigilará de cerca cómo evolucionan los próximos pasos en esta materia, que afecta no solo a empresarios sino a toda la población que espera justicia y legalidad.
“En adelante podrán hacerse leyes contra tal o cual ciudadano, violando principios esenciales del Derecho”, advierte un reconocido especialista.
La reforma al amparo es hoy un tema candente con impacto inmediato en la confianza jurídica y en la defensa de los derechos de los mexicanos.
