Monterrey, NL. – En un escándalo que sacude la política local, el gobernador Samuel García ha implementado cambios en su Gabinete que incluyen la duplicación de sueldos para varios funcionarios, quienes siguen ganando casi 130 mil pesos brutos al mes, a pesar de haber sido reubicados en cargos menores.
Entre junio y julio pasados, García removió a varios secretarios de alto nivel, incluyendo a Javier Navarro, quien fue sustituido como Secretario General de Gobierno, así como a Sofialeticia Morales en Educación y a Alfonso Martínez Muñoz en Medio Ambiente. Sin embargo, todos ellos han sido reintegrados con nuevos puestos, algunos de ellos creados de manera específica para mantenerlos en la nómina estatal.
Esta situación podría repetirse en Agua y Drenaje, donde se prevé que Juan Ignacio Barragán, el actual Director General, sea reubicado a un cargo menor, mientras que Eduardo Ortegón Williamson podría ascender a la dirección del organismo. A su vez, Navarro ha sido nombrado Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, a pesar de que la Ley Orgánica estipula que esta función debe ser asumida por uno de los Secretarios que componen el Gabinete.
En términos salariales, Navarro ahora percibe un sueldo de 129,562 pesos mensuales, monto que es igual al de su reemplazo, Miguel Flores. En la Secretaría de Educación, Morales fue reemplazada por Juan Paura, pero se le creó una dependencia denominada Coordinación del Ecosistema Educativo Legado Nuevo León, cuyas funciones aún no están claras. Asimismo, Martínez Muñoz fue removido nuevamente como Secretario de Medio Ambiente para dar paso al Diputado federal, Raúl Lozano, quien también cobra 129,562 pesos mensuales.
Los sueldos de estos altos funcionarios están apenas 759 pesos por debajo de los 130,321 pesos que gana el propio gobernador, quien ha incrementado el número de Secretarías estatales de 12 a 17 en su administración. Este escenario ha generado indignación entre la población, que se pregunta sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en un contexto de creciente demanda por mejores servicios y rendición de cuentas.
Las implicaciones de estas decisiones administrativas podrían afectar la percepción pública de la administración de García, quien enfrenta críticas por su gestión y la forma en que se manejan los recursos del estado. La ciudadanía está a la expectativa de posibles reacciones y cambios en las políticas del gobierno estatal.
Con estos últimos desarrollos, la situación se vuelve más crítica, y la población de Nuevo León se pregunta: ¿serán suficientes estas acciones para justificar el gasto público en tiempos de crisis económica?
