Senado aprueba en fast track la reforma a la Ley de Amparo
El Senado de la República aprobó este en fast track las reformas a la Ley de Amparo, apenas horas después de que la Cámara de Diputados las avalara con modificaciones. Con 83 votos a favor y 38 en contra, la propuesta fue considerada de urgente resolución y se envió de inmediato al Poder Ejecutivo para su publicación.
La aprobación se dio en una sesión con menos de tres horas de duración, donde la mayoría conformada por Morena, PT y PVEM defendió la reforma argumentando que rescata el amparo de un supuesto secuestro por poderes económicos y delincuentes. Por su parte, la oposición dirigida por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertó que la reforma debilita instituciones y restringe derechos fundamentales, afectando especialmente a colectivos vulnerables.
Debate intenso y críticas a la reforma
En la tribuna, legisladores opositores como la panista Guadalupe Murguía y la emecista Alejandra Barrales cuestionaron el procedimiento legislativo exprés. Clemente Castañeda, coordinador de MC, presentó una moción suspensiva sobre la regresividad de la ley, la cual fue desechada sin debate.
La priista Carolina Viggiano denunció que la reforma restringe el alcance del interés legítimo, limitando el derecho a promover amparos a los sectores más pobres, y sugirió que detrás hay un propósito fiscal para cobrar créditos a microempresas y pequeños comercios.
Desde la oposición, la panista Mayuli Latifa Martínez Simón afirmó que esta reforma representa el “cierre del ciclo de debilitamiento institucional” impulsado por la Cuarta Transformación; subrayó la desaparición de organismos autónomos como el INAI, Cofece e IFT.
Por otro lado, la diputada Claudia Anaya Mota retó públicamente a morenistas a firmar una acción de inconstitucionalidad, cuestionando la legalidad de la reforma aprobada.
Defensa oficial y argumentos jurídicos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la reforma implique retroactividad parcial, explicando que los cambios aplicarán solo a juicios en curso, conforme a la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sheinbaum aseguró que la reforma fue redactada tomando en cuenta asesoría jurídica especializada.
Claudia Sheinbaum Pardo: “La Corte tiene jurisprudencia sobre qué casos aplican nuevas leyes y qué casos no, y eso se refleja en el transitorio aprobado”
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, autor de la reserva que dio pie al debate, defendió que la reforma acelerará la justicia y evitará el uso del amparo para evadir sentencias firmes. Mientras, la legisladora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura argumentó que el amparo se había convertido en un escudo de los poderosos, por lo que era necesaria su transformación.
Críticas a la Cuarta Transformación
La panista Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez acusó a Morena de utilizar la reforma como herramienta de venganza política y para justificar proyectos controversiales como el Tren Maya, señalando la contradictoria tala de más de siete millones de árboles a pesar de promesas contrarias.
Por su parte, los legisladores de Morena respondieron que estas acusaciones provienen de quienes defienden los intereses del pasado.
Próximos pasos y relevancia
Tras la aprobación en el Senado, la reforma será remitida al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Este cambio constitucional tiene profundo impacto en la manera en que los ciudadanos y colectivos pueden acceder a la protección judicial frente al Estado, y marca un antes y después en el uso del amparo en México.
El debate mostró una clara división entre dos visiones antagónicas: una que ve en el amparo una defensa ciudadana frente al Estado, y otra que sostiene que ha sido usado históricamente para evadir la ley por parte de intereses particulares.
Los sectores críticos preparan acciones legales y el seguimiento para posibles impugnaciones a la reforma, anticipando un periodo de confrontación jurídica y política.
Esta aprobación ocurre en un contexto donde la Cuarta Transformación continúa realizando cambios profundos en instituciones clave, situación que genera incertidumbre sobre el futuro respaldo a derechos fundamentales en México.
