La Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó recientemente la página electrónica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y los contenidos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), borrando más de 22 años de información, indicadores y estudios fundamentales sobre el aprendizaje en educación básica y media superior. Esta acción, que tuvo lugar a mediados de septiembre, ha provocado una fuerte reacción entre especialistas y académicos que advierten sobre un peligroso retroceso en la transparencia educativa en México.
La desaparición de estas plataformas representa la pérdida de una base histórica vital para la formulación de políticas públicas educativas en el país. El Universal solicitó una postura oficial a la SEP sobre esta situación, pero no obtuvo respuesta.
Especialistas denuncian “oscurantismo” y retroceso en datos educativos
Sylvia Schmelkes, extitular del INEE e investigadora honoraria de la Universidad Iberoamericana, calificó esta eliminación como un golpe directo a la memoria educativa nacional, ya que el INEE acumuló documentos desde el año 2000, incluyendo evaluaciones estudiantiles históricas.
“Estamos viviendo en el oscurantismo al borrar toda esa historia… intentan taparnos los ojos a información valiosa, incluyendo la evolución y problemática educativa”
Schmelkes señaló que la eliminación equivale a borrar de un plumazo dos décadas de evidencia, avances y propuestas en educación, además de reflejar una “sensación de maniqueísmo” por parte del gobierno federal que estigmatiza todo lo relacionado con el INEE y Mejoredu como negativos.
Para ella, la información pública es un derecho ciudadano para exigir mejores políticas, y sin esos datos, la sociedad queda ciega para evaluar los avances o retrocesos en el sistema educativo.
Desmantelamiento sistemático: desaparecen tres organismos clave
Eduardo Backhoff Escudero, expresidente de la Junta de Gobierno del INEE, también denunció el desmantelamiento de la infraestructura de información pública del sector educativo, destacando que desaparecieron no solo el INEE y Mejoredu, sino también el Coneval, otro órgano fundamental en la generación de datos oficiales.
“Me encantaría pensar que es un error o que lo reubicaron, pero no sabemos qué pasó con toda esa información, por lo que debemos deducir que la eliminaron”
Backhoff enfatiza que sin estos recursos, México regresa a épocas de oscurantismo en las que el gobierno evitaba dar información para que la sociedad no pudiera exigir mejoras, lo que genera tristeza y rabia ante la pérdida irreparable del trabajo de generaciones de especialistas.
El desprecio oficial por la evidencia y la ciencia
Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación en México Evalúa y académico del Tecnológico de Monterrey, sostiene que esta eliminación refleja el desprecio del gobierno federal por la evidencia científica para tomar decisiones informadas en materia educativa.
“Borrar una memoria histórica que da perspectiva sobre la evolución educativa refleja fielmente el estilo de la actual administración”
El decreto de diciembre pasado extinguyó formalmente a Mejoredu, argumentando que sus funciones pasarían a la SEP, pero hasta ahora no se ha transparentado la gestión ni el destino de esos datos. La desaparición remarca una tendencia clara que preocupa a expertos y defensores de la transparencia.
¿Qué implicaciones tiene para el futuro de la educación en México?
La pérdida de estos indicadores afecta la capacidad de diagnóstico y de intervención oportuna en el sistema educativo. No hay una línea clara para comparar avances o retrocesos ni señales de alerta suficientes para atender las problemáticas en tiempo real.
Además, sin evidencia pública confiable, la ciudadanía queda impedida para evaluar y exigir rendición de cuentas en un tema crítico para el desarrollo nacional.
Los expertos insisten en que esta acción representa un golpe directo a la transparencia educativa y constituye un retroceso grave en la política pública en el país, que podría impactar negativamente el progreso del sistema educativo y la calidad de la enseñanza en los próximos años.
El reto ahora queda en la responsabilidad de la SEP para explicar el destino de más de dos décadas de investigaciones y garantizar que los datos vuelvan a estar disponibles para la sociedad.
