ACTUALIZACIÓN URGENTE: La separación de Sandra Samantha Ruiz Esparza Durón del cargo de directora del CERESO Femenil se confirma como un avance significativo tras las denuncias de corrupción y abusos en el centro. La presidenta fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, Mariana Ávila Montejano, destacó que la situación pone de relieve las irregularidades que han sido señaladas por las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que catalogan a este y otros centros como espacios con serias deficiencias en salud y alimentación.
Las denuncias surgieron a partir de una serie de testimonios de las 85 mujeres reclusas en el CERESO, quienes manifestaron que la directora solicitaba dinero a las internas. Ávila Montejano enfatizó que es crucial identificar si había más personas involucradas en esta red de corrupción, señalando que es arriesgado pensar que Ruiz Esparza actuó sola.
“Nosotros identificamos a la directora como la responsable de estos hechos delictivos, y es prioritario que se investigue a fondo”, expresó la activista. Tras la denuncia pública, las internas que denunciaron enfrentaron represalias, siendo sometidas a interrogatorios y privación de alimentos, lo que subraya la necesidad urgente de una revisión integral del CERESO Femenil.
Además, la dirigente exigió que el Coordinador Médico del centro, Juan Carlos Barnola Ochoa, también sea separado de su cargo, dado que fue señalado por las reclusas. “No podemos permitir que se sigan repitiendo estos abusos”, añadió.
El Observatorio de Violencia se mantendrá vigilante sobre este caso y solicita que la recolección de firmas de las reclusas tenga un impacto real en la investigación. La situación en el CERESO Femenil de Aguascalientes es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a los centros de readaptación social en el país, donde la falta de condiciones adecuadas y el abuso de poder deben ser erradicados.
La comunidad espera acciones concretas y respuestas rápidas de las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de las internas. Este escándalo no solo resalta la necesidad de reformas en el sistema penitenciario, sino que también plantea importantes preguntas sobre la protección de los derechos humanos en México.
