La Suprema Corte inicia con polémica por escollo administrativo y posible retroceso en derechos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz envuelta en controversia tras revelar un equipo inicial de 97 asesores con costos que superan los $6 millones de pesos mensuales, una cifra récord que ha desatado críticas sobre el manejo y gasto de recursos en esta institución clave.
El escándalo se originó tras un reportaje de Jorge García Orozco que expuso el tamaño y costo del equipo bajo la nueva presidencia. La Corte emitió un comunicado donde confirmó que, a partir del 1 de octubre, se reducirá la plantilla en un 40%, quedando con 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo. Sin embargo, la presidencia aclaró que no se trata de un recorte sino de una redistribución de tareas.
Controversia por perfiles y salarios millonarios
La polémica no termina en el número, pues la inclusión de figuras como Vidulfo Rosales, abogado defensor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y Daniel Wong Ibarra, ligado previamente a la Iglesia de la Luz del Mundo, ha generado divisiones en la opinión pública y en círculos jurídicos.
Ambos integran el círculo cercano de Aguilar Ortiz, lo que ha levantado sospechas sobre la dirección que tomará la SCJN. El ministro presidente defendió estos nombramientos asegurando que no son “asesores decorativos” sino profesionales con específicas atribuciones jurídicas. Sin embargo, documentos oficiales revelan que varios perciben salarios por encima de $100,000 pesos mensuales, lo que aumenta la percepción de privilegios y falta de transparencia.
Advertencia por posible regresión en derechos de personas con discapacidad
En paralelo, especialistas y ex ministros han alertado sobre un cambio preocupante en los criterios del Pleno SCJN en materia de consulta y derechos de personas con discapacidad. La Corte ha eliminado la obligación de revisar de oficio la falta de consulta en leyes que impacten a este grupo.
“Esta postura es, cuando menos, regresiva, pues impone a las personas con discapacidad la carga de defender por sí mismas un derecho que reconoce sus asimetrías” – Javier Laynez, ministro en retiro
La ministra Lenia Batres justificó la nueva línea señalando que se busca dar un papel más activo a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos, y con el nuevo criterio ya no se invalidarán leyes solo por falta de consulta previa.
Un panorama de tensión y escrutinio en la Corte más alta del país
La presidencia de Hugo Aguilar Ortiz arranca bajo un intenso escrutinio público y mediático, debido a la ampliación de la nómina, la polémica por los perfiles elegidos en su equipo y los cuestionamientos a cambios jurisprudenciales que podrían limitar la protección legal de grupos vulnerables.
Analistas y organizaciones civiles anticipan que estos temas marcarán el debate jurídico y político en el Poder Judicial en los próximos meses, mientras la ciudadanía exige claridad y transparencia en una institución clave para la defensa de derechos y la justicia en México.
Continuaremos informando conforme esta situación evolucione y la Suprema Corte haga uso de su autoridad para definir el rumbo del equilibrio y garantías constitucionales en México.
