ACTUALIZACIÓN URGENTE: Un Tribunal Colegiado ha dictado una resolución crucial que establece que la sección “Quién es quién en las mentiras” del gobierno anterior vulneró la libertad de expresión de críticos, destacando en particular al analista Max Kaiser.
Esta decisión, anunciada hoy, revela que las acusaciones vertidas en esta sección de las conferencias matutinas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fueron financiadas con recursos públicos y que la entonces responsable, Elizabeth Vilchis, tenía la obligación de verificar la información antes de emitir comentarios.
La Directora General del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), Mariana Calderón, explicó en una entrevista que esta sentencia no solo protege a Kaiser, sino que también sienta un precedente que impide que futuras autoridades creen espacios similares que presionen a periodistas y líderes de opinión.
“El objetivo que nos planteamos fue fomentar que el Poder Judicial generara ciertos estándares frente a esta sección”, afirmó Calderón, quien subrayó que las menciones realizadas fueron pagadas con recursos públicos, por lo que debe existir responsabilidad en la verificación de la información.
La sentencia reconoce la violación a la honra y dignidad de Kaiser, y establece que bajo estas condiciones, la autoridad no puede volver a tener una sección que critique y presione a los críticos del gobierno.
Calderón enfatizó que esta resolución es definitiva y no puede ser impugnada, lo que la convierte en un estándar aplicable a todas las autoridades en el futuro. “Ya se queda como un precedente, sin mecanismo de impugnación”, agregó.
La abogada también mencionó que la decisión sirve como guía para el gobierno actual sobre cómo manejar la información pública de manera responsable y objetiva, algo esencial para cualquier democracia.
“Los parámetros que debe seguir el Gobierno son informar como autoridades responsables y generar un intercambio de información necesaria”, concluyó Calderón. Esta resolución pone en jaque la forma en que se comunicaba la información gubernamental en la administración pasada y abre un nuevo capítulo en la lucha por la libertad de expresión en México.
Con información de Aristegui Noticias.
