Galicia vive un fallo contundente que marca un precedente en derechos laborales tras la condena a 14 empresas de transporte por despedir de forma improcedente a un conductor de autobús. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó la resolución que obliga a las compañías a pagar una indemnización total de 109,535 euros, entre indemnización y salarios caídos, tras un largo proceso judicial.
El caso involucra a la UTE Galicia Lote 3 y 14 empresas transportistas que se enfrentaron a un conductor con contrato indefinido desde 1990, especializado en rutas de transporte escolar en la provincia de A Coruña. El conflicto comenzó cuando su empresa perdió la concesión y, tras la adjudicación de un nuevo contrato, surgió un proceso de subrogación que debía respetar la continuidad laboral del personal, según el acuerdo marco gallego del transporte por carretera.
A pesar de que el trabajador cumplía con el requisito de adscripción superior al 65% para mantenerse en su puesto, la UTE Galicia Lote 3 rechazó su traslado aludiendo a que parte de su jornada laboral no estaba vinculada con los servicios adjudicados. Esta decisión llevó al despido, declarado improcedente por el Juzgado de lo Social no 2 de A Coruña en diciembre, que inicialmente ordenó un pago de casi 79,000 euros en indemnización y más de 30,000 euros en salarios caídos.
Desafiando esta sentencia, las empresas recurrieron ante el tribunal superior, alegando discrepancias sobre el porcentaje de adscripción del trabajador. Sin embargo, la máxima autoridad judicial gallega rechazó el recurso, ratificando la improcedencia del despido y confirmando todas las condenas a favor del conductor, que incluyen además el pago de costas procesales y honorarios legales.
Este fallo es un golpe decisivo en la defensa de los derechos laborales en el sector del transporte en España, estableciendo un criterio firme que impide a las empresas adjudicatarias eludir su responsabilidad bajo interpretaciones restrictivas de la subrogación. Además, protege la estabilidad del empleo frente a la rotación y cambios en las concesiones públicas.
Autos Queijeiro, la empleadora histórica del conductor, quedó absuelta debido a que no participó en la nueva adjudicación. Sin embargo, para la UTE Galicia Lote 3 y las demás empresas, la condena es un duro llamado a respetar la ley y la continuidad laboral.
Este caso, aunque localizado en Galicia, tiene repercusiones globales para México y otros países donde los procesos de subrogación y concesiones públicas afectan a miles de trabajadores. Refuerza la necesidad de vigilancia estricta por parte de autoridades laborales y administrativas para prevenir despidos improcedentes y proteger a empleados vulnerables.
Las autoridades laborales mexicanas y sindicatos deben estar atentos a este tipo de precedentes internacionales que pueden marcar la pauta en litigios similares, garantizando que los derechos de los trabajadores prevalezcan frente a modificaciones contractuales.
Con esta sentencia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no solo cierra el capítulo judicial, sino que también envía un mensaje urgente a las empresas del sector: la estabilidad laboral es un derecho protegido que no puede ser ignorado ante los cambios administrativos o de concesión pública.
Seguiremos informando sobre posibles repercusiones legales y cambios regulatorios que puedan surgir tras este dictamen.
