Los femicidios de Brenda, Morena y Lara a manos de grupos ligados al narcotráfico han destapado una crisis profunda que sacude las comunidades más vulnerables. Esta violencia extrema no es un caso aislado, sino la manifestación más brutal de un fenómeno que golpea a diario en los barrios populares, donde el crimen organizado impone una estructura de poder y control social, según expertos en derechos humanos.
En muchas de estas zonas, donde se concentra el principal problema del narcomenudeo, la violencia no solo se traduce en asesinatos sino en una paralización completa de la vida cotidiana. Balaceras frecuentes bloquean el transporte, obligan al cierre de escuelas y comedores, y restringen el uso de espacios públicos como canchas deportivas bajo la amenaza directa de las bandas criminales.
El narcotráfico como poder barrial
El problema se agrava porque estos grupos criminales generan empleo informal, crédito y servicios básicos que el Estado no provee. Así, obtienen legitimidad y arraigo social vinculados a la precarización generalizada y la falta de oportunidades. Este fenómeno ha sido señalado por especialistas que alertan que la violencia del narcotráfico está entrelazada con la desigualdad estructural, formando un sistema casi institucionalizado en los barrios populares.
El desmantelamiento y la falta de presencia efectiva del Estado facilitan que las redes criminales prosperen y desplieguen control territorial absoluto: movimientos vigilados, restricciones de tránsito y control social que no se toleran en zonas más acomodadas de la Ciudad de Buenos Aires o el Conurbano bonaerense.
Imposibilidad de solución inmediata y necesidad de consenso
Las estrategias tradicionales para “eliminar” el narcotráfico han probado ser ineficaces y utópicas. Expertos subrayan que no se trata de un problema sencillo ni aislado, sino un fenómeno complejo sustentado también en la complicidad de sectores estatales vinculados a la política, la policía y el sistema de justicia.
Por ello, llaman a un acuerdo social y político sin fracturas ni cálculos electorales que permita trabajar en el largo plazo en la mejora integral de condiciones de vida y oportunidades para los habitantes de estos barrios. Solo así se podrá enfrentar la violencia sistemática que sufren miles de personas, especialmente mujeres víctimas de femicidio y jóvenes atrapados en redes ilegales.
Un llamado urgente para México y Latinoamérica
Aunque el estudio se centra en contextos argentinos, la crisis descrita refleja realidades similares en barrios vulnerables en México y otros países vecinos, donde el narcotráfico encuentra terreno fértil en la pobreza y la exclusión social. La experiencia invita a reflexionar sobre la urgencia de políticas integrales que no solo repriman, sino que transformen las raíces profundas del problema.
Mientras tanto, familias como las de Brenda, Morena y Lara continúan pagando el precio más alto de esta violencia que no puede quedar relegada ni minimizada en agendas políticas ni mediáticas.
“No podemos esperar otro crimen aberrante para que este tema se vuelva prioridad nacional”
El mensaje es claro: la violencia del narco en barrios populares es un problema de derechos humanos, desigualdad y control territorial que exige respuestas inmediatas desde el Estado y la sociedad civil para evitar más tragedias.
