La Asociación de Fiscales (AF) ha demandado la renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, argumentando que debió apartarse de su cargo antes de que el Tribunal Supremo iniciara un juicio en su contra, situación que consideraron “previsible” debido a los “indicios” existentes. La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, expresó en declaraciones a Europa Press que “parece que no está en su voluntad dimitir en ningún momento del procedimiento”.
La decisión del magistrado
Esta solicitud de renuncia se da en el contexto de la decisión del magistrado Ángel Hurtado, quien ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El juez ha impuesto una fianza de 150,000 euros, pero rechazó suspender a García Ortiz en su cargo, como lo había solicitado la acusación popular representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Dexeus ha enfatizado que “era previsible” que se solicitara la apertura de juicio oral, dado que el juez instructor había encontrado “indicios de criminalidad”, una valoración que fue confirmada por la Sala de Apelación. Este escenario ha generado un debate intenso dentro de la comunidad judicial.
Reacciones desde el ámbito judicial
Desde el ámbito judicial, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han calificado la situación como “insólita”, advirtiendo que la apertura de juicio oral contra el fiscal general puede dañar gravemente el prestigio de la institución. Sergio Oliva, portavoz de AJFV, destacó que esta imagen, un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados, no tiene precedentes en la democracia española.
Oliva mencionó que, aunque se respete la presunción de inocencia, “esa imagen daña de forma terrible el prestigio de la institución”. Por su parte, Fernando Portillo, presidente de FJI, afirmó que esta resolución era “ya esperada”, un paso procesal que no sorprende, pero que refleja una “insólita situación”, al tratarse de un fiscal general enfrentando graves acusaciones.
Portillo criticó que, si García Ortiz continúa en su puesto durante el juicio, se generará una “duplicidad que es mala para la imagen de la institución” y comprometerá la imparcialidad de los fiscales que deben decidir si presentar cargos o no.
Esta situación ha puesto de manifiesto las tensiones dentro del sistema judicial y la importancia de la transparencia y la ética en el ejercicio de funciones tan críticas como la de un fiscal general.
