En una tensa conferencia de prensa, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) respondió a las acusaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre un presunto intento de desestabilizar su gobierno, luego del allanamiento a la casa de su hermano, Nicanor Boluarte. La situación marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, intensificada por una investigación que involucra a Juan José Santivañez, un ministro cercano a la mandataria.
Defensa de la investigación
Durante la rueda de prensa, Mirko Dino Cano Gamero, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción, dejó claro que su labor no se centra en personas, sino en hechos concretos relacionados con delitos. “Nosotros no investigamos personas, investigamos hechos que vinculan a personas”, reiteró, enfatizando que si se presentan elementos que sugieren un delito, la investigación procede sin sesgos personales.
Por su parte, el fiscal Carlos Ordaya, quien supervisó el allanamiento, explicó que la diligencia se realizó con autorización judicial y se fundamentó en evidencia objetiva recogida durante la investigación. “Se hizo el requerimiento fiscal ante el juzgado competente y se emitió el mandato judicial respectivo”, señaló, aclarando que la acción no tiene motivaciones políticas.
Hechos bajo investigación
La carpeta fiscal 01-2025, iniciada en marzo, se basa en testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos, además de comunicaciones de WhatsApp y documentos incautados. Según la Fiscalía, la red bajo investigación operaba en varios frentes, incluyendo:
- Favores irregulares en la Defensoría de la Policía, beneficiando a un estudio jurídico que defendía a generales acusados de violaciones a derechos humanos.
- Cobros indebidos de hasta 20,000 dólares a oficiales para asegurar su permanencia en cargos de confianza.
- Beneficios otorgados a la minera El Dorado, en coordinación con efectivos policiales y funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho.
- Encubrimiento real, trasladando bienes y equipos de un investigado para evitar su incautación.
En este contexto, la decisión de allanar el inmueble de Nicanor Boluarte se justificó por la posibilidad de encontrar información relevante para el caso. La fiscalía sostiene que su objetivo es perseguir el delito con total objetividad, sin dejarse llevar por cálculos políticos.
