María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, no acudió a la invitación del Senado para explicar la presunta participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en la entidad. La ausencia generó una confrontación política entre Morena y la oposición en la Cámara alta, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades constitucionales y penales.
Ignacio Mier, coordinador de los legisladores de Morena, sostuvo que Campos incurrió en "desacato" y dejó abierta la posibilidad de un "juicio político". El senador afirmó que el Senado fijará una postura, pero será la Fiscalía General de la República la que determine el curso legal del caso. Según Mier, existen indicios de irregularidades graves vinculadas a la creación de una unidad de investigación en Chihuahua que operaría fuera del marco legal.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue más allá al advertir que las actuaciones de autoridades estatales podrían configurar el delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal. Cantón Zetina argumentó que el Senado tiene facultades bajo el artículo 76 de la Constitución para intervenir en asuntos que incidan en la estabilidad del pacto federal, la seguridad interior y la preservación de la soberanía nacional. Aclaró, sin embargo, que las determinaciones penales corresponden exclusivamente a autoridades ministeriales y jurisdiccionales.
Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad, calificó la inasistencia como un "desacato político institucional y republicano". También cuestionó jurídicamente los argumentos de la gobernadora y señaló que la unidad especializada creada por la Fiscalía estatal podría constituir una invasión de competencias federales. Malú Mícher, senadora de Morena, planteó incluso la posibilidad de un desafuero.
La oposición rechazó estas acusaciones. Ricardo Anaya criticó el cambio de tono de Morena: "Se cansaron de decir que era una invitación cordial. Cuando la gobernadora decide no asistir, actúan como si fuera un mandato". Mario Vázquez, del PAN, defendió que el camino correcto es la investigación, no la condena mediática anticipada.
Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI, acusó a Morena de utilizar el caso con fines electorales de cara a 2027 y enfatizó que la gobernadora no tenía obligación jurídica de asistir a una invitación. Claudia Anaya, legisladora tricolor, lamentó que el debate derivara en politiquería.
