El caso de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sanz durante una protesta en Lima ha adquirido un nuevo enfoque tras las declaraciones de Stefano Miranda, abogado del suboficial Luis Magallanes, quien es considerado el principal acusado del disparo que resultó en la fatalidad. Miranda sostiene que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha expuesto a su cliente y ha actuado de manera apresurada para desviar la responsabilidad hacia él, en un intento por proteger a la cadena de mando.
Según el abogado, la detención de Magallanes se realizó sin una investigación adecuada, impulsada por la urgencia de dar una respuesta mediática. “No puede ser posible que a mi cliente, siendo un suboficial de tercera, a las cuatro y cuarenta de la tarde, con un acta de detención a mano, sin haber hecho pericia, lo detuvieran solo porque él, de buena fe y sin abogado, manifestó haber hecho un disparo”, comentó Miranda en una entrevista con RPP.
La defensa afirma que Magallanes disparó al suelo en un contexto de agresión y miedo, pero no fue el causante del disparo mortal. Miranda presentó grabaciones obtenidas por la Municipalidad de Lima, donde se observa a otra persona, vestida de civil, disparando múltiples veces.
El abogado también destacó que su cliente fue asignado como agente de inteligencia en actividades para las que no estaba preparado, convirtiéndolo en “carne de cañón” mientras la institución priorizaba proteger a los altos mandos. Adicionalmente, cuestionó que un agente formado en la Dirección de Investigación de Secuestros terminara desplegado como agente encubierto en un contexto de protesta.
Miranda enfatizó la importancia de esperar los resultados de la necropsia y el peritaje balístico para esclarecer los hechos. Indicó que el trayecto del proyectil y la condición del orificio determinarán si el impacto fue resultado de un disparo de rebote o un impacto directo. También mencionó que el arma personal de Magallanes fue robada durante la confusión, complicando las pericias.
A pesar de esto, el abogado afirmó que es posible establecer coincidencias entre los proyectiles y el calibre del arma, subrayando que solo una evaluación técnica podrá determinar las responsabilidades. Asimismo, cuestionó la falta de previsión en las condiciones operativas y las instrucciones para el despliegue del personal, lo que dejó a los agentes sin respaldo suficiente y posteriormente abandonados ante la opinión pública.
Por su parte, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, calificó de irresponsable adjudicar a un agente la totalidad de los hechos sin haber agotado las diligencias periciales. “La pita quiere romperse en el lado más débil, que es un suboficial de tercera. No podemos adelantar opinión sin haber hecho diligencias urgentes”, comentó, insistiendo en la necesidad de una investigación objetiva. “La sociedad ya no es tonta. Sabe lo que está pasando. Que se investigue y si hay que establecer responsabilidad, que se establezca. Pero no se puede sacrificar a un agente de base para lavar culpas superiores”, concluyó.
