La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión que podría intensificar la controversia en torno a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. El lunes, el tribunal decidió permitir que los agentes federales realicen redadas en el sur de California basándose en el perfil racial de los individuos, lo que significa que podrán detener a personas en función de su raza o idioma.
Suspensión de la Orden Judicial
Esta resolución se produjo tras la petición del Departamento de Justicia para suspender una orden emitida por la jueza federal Maame Frimpong el 11 de julio de 2025, que prohibía a los agentes detener a individuos sin una “sospecha razonable” de que están en el país ilegalmente. La jueza Frimpong había argumentado que las acciones del Gobierno violaban la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros e incautaciones irrazonables.
La disidencia fue clara en la Corte, donde las tres juezas liberales expresaron abiertamente su desacuerdo con la decisión, evidenciando las divisiones en el tribunal que tiene una mayoría conservadora de 6-3.
Impacto en Comunidades Inmigrantes
La decisión de la Corte Suprema no solo afecta a los inmigrantes en el sur de California, sino que también ha provocado un clima de pánico en comunidades de inmigrantes a lo largo y ancho del país. Las redadas de inmigración, que han sido una constante durante la administración de Trump, han suscitado protestas y acciones legales debido a las tácticas agresivas utilizadas por agentes federales.
El asesor de alto rango de Trump, Stephen Miller, ha sido uno de los principales impulsores de estas políticas, exigiendo un incremento en las deportaciones. En mayo, Miller estableció un objetivo de tres mil detenciones diarias, un número que refleja la línea dura de la administración en temas migratorios.
En otros casos, la Corte ha permitido que el Gobierno de Trump deportara a inmigrantes a países distintos de su origen, sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños que podrían enfrentar. Esto se ha sumado a la incertidumbre y el temor que viven miles de personas que, con estatus legal temporal, podrían perder su protección en cualquier momento.
Con la aprobación de esta nueva directriz, queda claro que el camino hacia la reforma migratoria sigue siendo un tema candente en la agenda política estadounidense, y que las comunidades de inmigrantes en México y Estados Unidos seguirán enfrentando desafíos significativos en el futuro cercano.
