Han transcurrido seis meses desde que Erick Adair Torres Bazán fue llevado del Centro de Justicia de Huajuapan de León por habitantes de San Andrés Yutatío, en la región Mixteca de Oaxaca. Su familia enfrenta una angustia constante debido al silencio de las autoridades y la falta de avances en el caso. La desaparición ocurrió el 7 de abril, en medio de un linchamiento que se llevó a cabo en esa comunidad, donde los pobladores tomaron la justicia en sus manos y se llevaron a dos presuntos responsables de un homicidio, entre ellos a Erick Adair.
Desde aquel momento, su paradero sigue siendo un misterio. Los familiares han denunciado la pasividad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que no ha ofrecido información ni ha mostrado progreso en la investigación. Han buscado ayuda en diversas instancias, incluyendo la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), pero sin éxito.
“Queremos saber si está vivo o muerto. Estamos desesperados porque nadie nos hace caso”, comentó un familiar, quien demandó a la FGEO transparencia y resultados en la indagatoria. Según su relato, la carpeta de investigación ha sido trasladada varias veces entre Huajuapan y la ciudad de Oaxaca, sin que se vislumbren avances. Además, las llamadas de seguimiento están siendo ignoradas o rechazadas.
La familia también ha enfrentado amenazas que los han forzado a abandonar Huajuapan, aunque continúan en la búsqueda de respuestas. “Nos da miedo, pero no podemos quedarnos callados. Queremos justicia”, afirmaron con determinación. La incertidumbre ha marcado estos seis meses, mientras circulan rumores sobre el destino de Erick Adair y otros hombres que fueron sustraídos, sugiriendo que podrían haber sido asesinados o que permanecen cautivos en San Andrés Yutatío. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado ni desmentido estas versiones.
Ante la falta de acción por parte del gobierno, los familiares han solicitado la intervención directa del gobernador Salomón Jara Cruz y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, instándolos a abordar el caso con seriedad. “Si él hizo algo, que lo juzguen conforme a la ley, pero no con violencia. Yo sé que es inocente”, insistieron.
La desaparición de Erick Adair Torres Bazán se suma a un preocupante patrón en Oaxaca, donde la justicia comunitaria, la falta de acción institucional y la impunidad crean un entorno complejo para las familias que buscan respuestas. Este caso no solo resalta la fragilidad de la seguridad en la Mixteca, sino también la deficiencia en la coordinación entre las entidades que deben procurar justicia. Mientras las comunidades se amparan en sus tradiciones, el Estado parece estar ausente, sin garantizar el derecho a la vida ni al debido proceso. A seis meses de la desaparición, la pregunta que persiste es: ¿dónde está Erick Adair?
