El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, ha confirmado que varios funcionarios de distintos niveles, así como propietarios de las tiendas Waldo”s en Hermosillo, serán llamados a declarar ante el Ministerio Público. Estos individuos podrían enfrentar procesos penales, civiles y administrativos a raíz de la tragedia que resultó en la muerte de 23 personas y dejó a 15 heridas.
Salas Chávez destacó que si el establecimiento carece de la documentación y permisos necesarios, esto indicaría que operaba ilegalmente, lo que acarrearía responsabilidades tanto para particulares como para servidores públicos.
Hasta el momento, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ha interrogado a más de 50 personas, incluyendo testigos, empleados de la tienda y funcionarios de los tres niveles de gobierno que tenían responsabilidad sobre la verificación de operaciones del establecimiento.
El vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, mencionó que se está llevando a cabo una investigación de gabinete paralela a las labores de campo, con el fin de recopilar la documentación legal necesaria para respaldar la constitución y operación de la tienda. Este proceso incluye la solicitud de información a diversas áreas del gobierno estatal y municipal para esclarecer la situación legal que permitía la operación del negocio.
Además, la fiscalía ha pedido informes a Protección Civil, tanto estatal como municipal, para obtener programas, dictámenes y evaluaciones, así como notificaciones y resultados de inspecciones realizadas en el comercio.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también ha sido solicitada a proporcionar información sobre las instalaciones eléctricas del local, así como detalles relativos al mantenimiento, organigramas, descripciones de puestos y cobertura de seguros.
La directora general de Servicios Periciales, Patricia Orduna Pastrana, informó que el acceso a la escena del incendio se logró el 2 de noviembre, después de que Bomberos y Protección Civil declararan el área segura. En el sitio, se llevaron a cabo labores de criminalística, fotografía forense y se contó con la participación de expertos en incendios y explosivos.
La investigación de campo ha sido encabezada por el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, quien ha indicado que se han realizado más de 50 entrevistas a testigos y empleados, incluyendo gerentes de diferentes niveles de la empresa, obteniendo información crucial para la integración de la carpeta de investigación.
Los comerciantes y asociaciones civiles en el centro de Hermosillo expresan su temor de que una tragedia similar pueda repetirse. Esto se debe a la falta de mantenimiento en los transformadores de la CFE y al mal estado de las instalaciones eléctricas, lo que genera una preocupación constante entre los marchantes y la comunidad.
