ACTUALIZACIÓN: La crisis en los servicios públicos en México se agrava, afectando el bienestar de millones de ciudadanos. Nuevos reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que el 65% de las municipalidades a nivel nacional necesita capacitación urgente en la formulación y evaluación de proyectos públicos, un problema crítico que limita la ejecución de recursos asignados.
La situación es alarmante, especialmente en departamentos como Tumbes, Moquegua y Loreto, donde más del 75% de las municipalidades requieren ayuda. Este déficit en la gestión no solo genera descontento social, sino que también impacta severamente la economía, aumentando el costo de vida para las familias mexicanas.
En todo el país, se han identificado 2,428 obras paralizadas, valoradas en S/ 44,298 millones, según la Contraloría General de la República. Las principales causas de estas paralizaciones incluyen incumplimiento de contratos, falta de financiamiento y problemas técnicos. En Cusco, el departamento más afectado, hay 320 obras detenidas, con un costo de S/ 2,124 millones.
La inseguridad también se agrava: la tasa de homicidios ha aumentado de 3.5 a 6.1 por cada 100,000 habitantes en los últimos años, un incremento del 18.9% en el periodo de enero a julio de este año. Esta situación de inseguridad y la falta de servicios públicos de calidad obligan a las familias a destinar mayores ingresos a salud, educación, transporte y seguridad, cuando estos deberían ser cubiertos por el Estado.
El incumplimiento de las autoridades y la falta de atención a estas problemáticas afectan a la población en su día a día, creando un círculo vicioso de pobreza y descontento. A medida que la situación se intensifica, es crucial que los ciudadanos exijan respuestas efectivas de sus gobernantes para restaurar la confianza y mejorar la calidad de vida.
Este es un llamado urgente para que se tomen acciones inmediatas y para que las autoridades se responsabilicen de la crisis que afecta a millones de mexicanos. La falta de servicios públicos no solo es un problema administrativo; es una cuestión de derechos humanos y de dignidad para cada ciudadano.
