La pobreza laboral en Yucatán aumentó, llevando a que más familias con ingresos de empleo formal o informal no puedan cubrir su canasta básica. Esta situación se debe a una combinación de factores económicos que afectan el poder de compra de los trabajadores en la región.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, la pobreza laboral se elevó del 26.6% al 28% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Esto significa que un porcentaje creciente de la población activa tiene ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

El economista Gabriel Rodríguez Cedillo explicó que, aunque existan incrementos salariales, el aumento constante de los precios en productos de consumo siempre supera el crecimiento en salarios, lo que reduce el ingreso real. La lógica del mercado lleva a que los precios suban para compensar el aumento de sueldos, pero el poder adquisitivo nunca se recupera completamente.

Además, la persistencia del empleo informal y trabajos con bajo valor agregado limita la capacidad de obtener salarios dignos. Muchas personas en Yucatán subsisten con ingresos diarios que apenas cubren sus necesidades básicas. Asimismo, la falta de empleos mejor remunerados dificulta la inclusión laboral de mano de obra calificada o dispuesta a recibir un salario más alto.

La economía yucateca depende mayormente del sector servicios, con énfasis en turismo y comercio, áreas que tradicionalmente pagan bajos salarios. Este patrón no es exclusivo de Yucatán, sino que se replica en la Península, donde Quintana Roo y Campeche también enfrentan niveles elevados de pobreza laboral. Sin embargo, Quintana Roo tiene cierta ventaja por el dinamismo turístico, mientras que Campeche presenta condiciones económicas más precarias.

El fenómeno de que los precios superen los salarios configura una situación donde, pese a las mejoras nominales en ingresos, la población sigue enfrentando dificultades económicas. Esto crea un círculo complejo de pobreza laboral que afecta especialmente a las familias en contextos urbanos y rurales del estado.