Para organizar el proceso electoral de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) anticipa un gasto adicional a su presupuesto regular que podría superar los 15 mil millones de pesos. Esta cifra extraordinaria es comparable al financiamiento que el gobierno destinó a programas sociales como la Pensión Mujeres Bienestar o Jóvenes Construyendo el Futuro para el 2026, lo que refleja la magnitud de la inversión requerida para este megaproceso electoral.
La consejera Frida Gómez Puga, miembro de la comisión de Fiscalización del INE, detalló que la complejidad del proceso de 2027 será histórica debido al volumen de cargos que se elegirán. Además de la renovación de la Cámara de Diputados, se realizarán elecciones en 17 gubernaturas, diputaciones locales en 31 entidades y ayuntamientos o alcaldías en 30 estados, incluido el caso particular de la Ciudad de México.
Este escenario demanda no solo un respaldo financiero suficiente, sino también un manejo prudente de los recursos. Gómez Puga destacó la importancia de que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) exhiban un comportamiento ejemplar en gastos, principalmente en rubros como viáticos, vehículos y asesorías. La consejera hizo énfasis en que el ejercicio de funciones públicas requiere no solo integridad sino también apariencia de transparencia y responsabilidad frente a una ciudadanía cada vez más exigente.
Para tener un contexto financiero, el INE recibió un presupuesto para las elecciones federales de 2024 cercano a los 8 mil 800 millones de pesos, independiente al gasto ordinario del instituto y al financiamiento a partidos políticos, que fue superior a los 7 mil millones. Sin embargo, los Oples han enfrentado constantes recortes y ajustes, con una afectación notable durante el ciclo 2024: 16 organismos sufrieron reducciones presupuestales superiores al 20% y solo cinco recibieron la totalidad de sus solicitudes de ampliación.
Estas limitaciones presionan a los organismos electorales a optimizar recursos y a justificar exhaustivamente cada gasto. Para 2027, la exigencia financiera se entrelaza con la responsabilidad de ofrecer elecciones transparentes, confiables y legítimas, criterios fundamentales para mantener la confianza ciudadana en el sistema democrático.