El Gobierno de México inició un proceso de diálogo con Estados Unidos para evitar la imposición de un arancel adicional del 10 % a sus exportaciones, una medida que la Representación Comercial estadounidense propuso en el marco de una investigación sobre el uso de trabajo forzoso en la producción de bienes importados.
La propuesta de arancel, que afecta también a la Unión Europea, Canadá, Argentina y el Reino Unido, fue presentada como parte de un análisis bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. Esta normativa examina a diversas economías bajo la sospecha de no aplicar medidas efectivas para impedir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso.
La Secretaría de Economía de México destacó que la medida aún no es definitiva y que la fase actual incluye un periodo de comentarios, consultas y discusiones que se extenderá durante las próximas semanas. El diálogo entre ambos gobiernos se enmarca en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde México buscará presentar argumentos para modificar o suspender el arancel.
Desde México, se considera que esta acción forma parte de una estrategia estadounidense para reemplazar aranceles previos eliminados, como aquellos vigentes mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y para anticiparse al término de la Sección 122, otro mecanismo arancelario que expirará pronto.
La investigación abarcó un total de 60 economías, de las cuales 14 recibirían gravámenes diferenciados, siendo México uno de los países con una propuesta de arancel menor frente al 12.5 % sugerido para la mayoría restante. El Gobierno mexicano confía en que, a través de las mesas de diálogo bilaterales, se logre evitar el impacto negativo que estos aranceles podrían generar en las exportaciones nacionales.