101 de los 217 municipios de Puebla han transferido al gobierno estatal la facultad de recaudar el impuesto predial, según información publicada en el Periódico Oficial del Estado. La medida forma parte de una estrategia del gobernador Alejandro Armenta Mier para mejorar los ingresos propios de los ayuntamientos y permitirles acceder a incentivos federales. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), encabezada por Daniela Pérez Calderón, proporcionará el respaldo técnico y administrativo para la recaudación del gravamen que pagan anualmente los propietarios de viviendas, terrenos e inmuebles.
Bajo el esquema acordado, la administración estatal retiene el 5% de lo recaudado, además del 30% de los adeudos históricos que los municipios no lograron cobrar. El gobierno sostiene que la medida busca revertir el rezago en la recaudación del predial, que en algunas demarcaciones alcanza hasta el 60%, y reducir la dependencia de las transferencias federales al fortalecer la coordinación fiscal entre los tres niveles de gobierno.
Entre los municipios que ya firmaron el convenio figuran Atzala, Acteopan, Ahuacatlán, Amixtlán, Aquixtla, Atoyatempan, Atzitzihuacan, Chichiquila, Chietla, Chiconcuautla, Coatepec, Cohuecan, Cuapiaxtla de Madero y Cuayuca. También se suman Francisco Z. Mena, Huitzilan de Juárez, Jalpan, Jopala, Lafragua, Ocotepec, Oriental, Teotlalcingo, Miahuatlán, San Nicolás Buenos Aires, Tepeyahualco, Tlacuilotepec, Tlaxco, Tochimilco, Zapotitlán, Zacapoaxtla y Xicotepec, entre otros.
Destaca la adhesión de Puebla capital, encabezada por José Chedraui Budib, cuya incorporación generó debate político. Regidores de oposición cuestionaron que la medida podría vulnerar la autonomía municipal. Sin embargo, el programa también fue adoptado por municipios gobernados por partidos distintos al oficialismo, como Venustiano Carranza, cuyo presidente es Marco Valencia.
En contraste, algunas demarcaciones relevantes rechazaron participar. Atlixco y Tehuacán no se han sumado. San Andrés Cholula también declinó la propuesta; su alcaldesa Lupita Cuautle argumentó que podría afectar la autonomía municipal. El gobierno estatal prevé que el número de adherentes continúe aumentando, con la meta de extender el modelo a las 217 demarcaciones bajo el marco de la Ley de Coordinación Hacendaria local.
