Afganistán conmemora cinco años bajo el control talibán, un periodo que ha coincidido con un marcado deterioro en derechos humanos y condiciones de vida. La celebración oficial en Kabul destacó el regreso de los insurgentes al poder, pero las denuncias de la ONU enfatizan que la población sufre restricciones que afectan profundamente la vida cotidiana, sobre todo la de las mujeres.

El 15 de agosto de 2021, tras una rápida ofensiva, los talibanes tomaron Kabul sin resistencia significativa, poniendo fin a dos décadas de presencia militar estadounidense en el país, que comenzó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. La retirada dejó una economía frágil y un panorama social complejo, marcado por una alta tasa de desempleo juvenil y una desconexión del sistema financiero internacional. Solo Rusia reconoce formalmente al gobierno, aunque naciones europeas mantienen vínculos técnicos especialmente en materia migratoria.

El gobierno talibán ha celebrado este aniversario como un simbolismo de estabilidad y soberanía nacional, con actos públicos y discursos que reivindican su control, mientras Kabul amaneció adornada con banderas y pancartas que evocaban la independencia y el honor. Sin embargo, organismos internacionales advierten que la situación económica no mejora. A pesar de un crecimiento económico positivo reportado en 2025, el Banco Mundial alertó sobre una caída en el nivel de vida, agravada por el retorno de millones de refugiados desde Irán y Pakistán y las consecuencias de la crisis climática y los conflictos comerciales regionales. Naciones Unidas estima que aproximadamente 14 millones de personas viven en condiciones de hambre aguda.

En materia social, las restricciones impuestas por el régimen han sido severas. La misión de la ONU documenta prohibiciones rigurosas que afectan la libertad cultural y personal: la música, el cine y el uso de teléfonos inteligentes están vetados para ciertas poblaciones como funcionarios o estudiantes. Además, han reinstaurado castigos corporales y han impuesto normas estrictas como el uso obligatorio de barba para hombres y el velo integral para las mujeres. Estas últimas enfrentan las medidas más duras, con prohibiciones para acceder a espacios públicos como parques o gimnasios y limitaciones casi totales en su participación laboral.