El gobierno federal anunció el inicio de una consulta educativa “escuela por escuela” en agosto, dirigida a diagnosticar y atender las necesidades del sector magisterial tras el reciente retiro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de sus protestas en Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la consulta buscará definir con precisión las demandas y prioridades reales de los docentes a nivel nacional. Esta iniciativa surge después de 19 días de manifestaciones frente al Palacio Nacional, donde el magisterio disidente expresó su rechazo a políticas federales en materia educativa y laboral.
Durante sus protestas, la CNTE bloqueó vías y generó daños en infraestructura vinculada al Mundial 2026, pero finalmente decidió levantar la concentración. Aunque se lograron avances en puntos como el pago de un aguinaldo equivalente a 90 días, la homologación de prestaciones estatales, becas universitarias para los hijos de docentes y la recontratación de maestros desplazados sin represalias económicas, persistieron desacuerdos en demandas clave. Entre ellas están la abrogación de la reforma de pensiones del Issste de 2007 y la eliminación de reformas educativas consideradas perjudiciales para el magisterio.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, negó que se haya ofrecido un pago de 800 millones de pesos a la CNTE para cesar la protesta. Precisó que dichos recursos corresponden a fondos ordinarios destinados a combatir el rezago educativo en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Este presupuesto se enfocará en cubrir faltantes de maestros, generar nuevas plazas y ampliar las horas docentes necesarias, con base en diagnósticos oficiales que contemplan jubilaciones y reasignaciones dentro del sistema educativo.
El sector educativo básico en México involucra a más de un millón de maestros y alrededor de 200 mil escuelas, un universo complejo donde la consulta promete ser una herramienta clave para encauzar las demandas pendientes y definir un camino conjunto entre el gobierno y los trabajadores de la educación.