Los Comités de Ética en las instituciones de educación superior debían fungir como guardianes de la integridad y los derechos tanto de estudiantes como de trabajadores. No obstante, en la práctica estos órganos carecen de la autonomía necesaria para actuar con imparcialidad, quedando en muchas ocasiones subordinados a las autoridades directivas de las mismas universidades.
Esta situación genera un grave conflicto de intereses, pues los integrantes de los comités suelen ser funcionarios o personal directivo estrechamente vinculados a la estructura de poder que deberían supervisar. Por ello, la investigación y resolución de denuncias sobre actos de violencia, abuso de autoridad o violaciones a derechos humanos quedan comprometidas, ya que la institución actúa a la vez como juez, investigador y parte involucrada.
Casos documentados en distintas universidades públicas muestran cómo estas fallas se traducen en impunidad y revictimización. En la Universidad del Istmo (UNISTMO), campus Ixtepec, Oaxaca, las denuncias por violencia y amenazas graves contra una profesora permanecen sin resolverse efectivamente. A pesar de la recomendación oficial de una instancia estatal para sancionar y reparar el daño, los funcionarios señalados continúan en sus cargos, evidenciando un patrón de encubrimiento.
En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se denunciaron prácticas similares, con autoridades universitarias protegiendo a agresores y utilizando los propios órganos internos para desgastar a quienes presentan denuncias. Estos procedimientos internos carecen de garantías que eviten la revictimización y el aislamiento de los afectados.
En el Tecnológico Nacional de México (TecNM) la concentración de los subcomités de ética bajo un Comité nacional centralizado tenía la intención de mejorar la imparcialidad. Sin embargo, esta medida aumentó la complejidad en la gestión de denuncias por la dificultad de comunicación entre autoridades centrales y planteles locales, lo cual también pone en duda su eficacia.
Así, la falta de independencia y autonomía de los Comités de Ética en la educación superior limita severamente su capacidad para proteger derechos y garantizar justicia. La subordinación institucional y los conflictos de interés internos mantienen un sistema opaco, donde la impunidad y la simulación persisten, afectando a quienes buscan protección contra conductas ilegales o violentas dentro de las universidades.