El regreso a clases se ha convertido en un desafío no solo para las familias yucatecas, sino también para las escuelas particulares, que enfrentan serias dificultades financieras debido a la menor capacidad económica de los hogares y al aumento en sus gastos operativos.

Desde la pandemia, más de 200 instituciones privadas han cerrado en la región, una cifra que refleja la crisis que atraviesa el sector. El último ciclo escolar registró también cierres adicionales y la posible salida de nuevos planteles. Esta situación se explica en gran medida por el deterioro del poder adquisitivo de las familias, especialmente las jóvenes, que priorizan gastos básicos como alimentos, vivienda y servicios, dejando en segundo plano el pago de colegiaturas.

El incremento de costos para las escuelas, como impuestos sobre nómina, predial, electricidad y agua, agrava la problemática. A esto se suma que las instituciones destinan un porcentaje significativo de sus ingresos a becas, lo que, si bien es un apoyo social relevante, añade una carga financiera adicional.

En paralelo a esta crisis económica, Yucatán presenta un déficit de aproximadamente 60 mil espacios escolares en instituciones públicas. La presión es particularmente visible en Mérida, donde el crecimiento demográfico y la llegada de familias de otras regiones han aumentado la demanda educativa. Según estimaciones, la ciudad cuenta con alrededor de 13 mil niños más que el año anterior, lo que agudiza la necesidad de ampliar la oferta escolar.

Ante este escenario, las escuelas privadas se perfilan como una opción para cubrir parte de esa demanda insatisfecha. Sin embargo, la mayoría de estas colegios ofrece colegiaturas inferiores a dos mil pesos mensuales, un monto que se encuentra muy por debajo del gasto público por alumno en escuelas oficiales, lo que pone en evidencia las limitaciones financieras del sector y las familias.

Esta disparidad subraya la dificultad de sostener la operación y calidad educativa en las instituciones privadas sin afectar a las familias y sin comprometer el acceso a la educación, especialmente en un contexto económico complejo para gran parte de la población.