A días de comenzar el ciclo escolar 2026-2027, más de 69,000 terapias y servicios esenciales para estudiantes del Programa de Educación Especial permanecen sin ejecutarse. La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) denunció que, pese a los compromisos asumidos por el Ejecutivo para solucionar problemas históricos, la falta de respuesta mantiene a miles de alumnos desatendidos.
El conflicto se originó luego de un acuerdo público entre el gobierno y la APPSSRE, mediado por el secretario de la Gobernación, que buscaba corregir tarifas y mejorar la operatividad del Programa de Remedio Provisional. Sin embargo, la asociación asegura que, aunque cumplió con levantar el campamento frente a La Fortaleza y presentó múltiples propuestas para resolver las controversias, el Ejecutivo no ha cumplido con sus promesas ni ha retomado el diálogo de forma efectiva.
Los problemas que enfrenta el programa van más allá de la corrección tarifaria. La APPSSRE señala que el contrato para el año escolar 2026-2027 se distancia cada vez más de las prácticas de contratación privada establecidas en la sentencia del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, introduciendo retenciones económicas y controles propios de una relación contractual con el Estado. Esto ha afectado la incorporación de nuevos proveedores, ha marginalizado la participación de los padres en la selección de servicios, y ha impuesto una retención del 1.5% sobre pagos al sector privado que consideran injustificada.
Además, las tarifas del Programa de Remedio Provisional arrastran un rezago acumulado desde 2015 que supera el 30%, según datos que confirma la Junta de Planificación de Puerto Rico. Esto ha provocado pérdidas económicas significativas para los proveedores privados, quienes deben absorber costos ligados a renta, salarios, materiales clínicos y regulaciones, sin que mejore el pago por sesión terapéutica. En comparación, Medicaid ofrece tarifas mucho más altas por servicios similares, incentivando la salida de especialistas del programa hacia otros sectores.
La transformación progresiva del Programa de Remedio Provisional en un mecanismo de control estatal ha debilitado el sistema que originalmente fue diseñado para remediar deficiencias en el acceso a terapias y servicios educativos para estudiantes con necesidades especiales. En lugar de solucionar los problemas de fondo, las condiciones actuales prolongan la crisis y mantienen a miles de alumnos sin la atención necesaria justo antes del inicio de clases.