El paro indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha provocado el cierre de más de 17 mil escuelas públicas, afectando a más de 1.39 millones de estudiantes en diversas regiones del país.
La entidad más impactada es Oaxaca, donde permanecieron cerrados más de 10 mil planteles, lo que dejó sin clases a alrededor de 734 mil alumnos y movilizó a cerca de 50 mil docentes. Esta paralización representa más del 92% de la matrícula estatal. Le siguen Chiapas, con 2 mil 392 escuelas cerradas y 261 mil estudiantes afectados, y Zacatecas, donde el impacto alcanzó 2 mil 81 planteles y más de 217 mil alumnos. También se reportaron cierres significativos en Guerrero y Michoacán.
Más allá del conteo de escuelas cerradas y alumnos sin clases, expertos en educación advierten que la suspensión prolongada tiene un efecto negativo en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades clave como la lectura y las matemáticas. Esto se agrava en comunidades con altos índices de pobreza, donde la educación pública es el principal o único acceso formativo, ampliando las brechas educativas existentes.
Desde el punto de vista económico, especialistas estiman que el pago de la nómina docente durante los días sin actividades representa un gasto público considerable mientras no se garantice la prestación efectiva del servicio educativo. Algunos analistas contrastan ese gasto con inversiones en programas destinados a la capacitación docente para ejemplificar las implicaciones financieras del conflicto.
A falta de pocas semanas para el cierre del ciclo escolar, la recuperación del tiempo perdido se presenta como un reto mayor para autoridades y maestros. Mientras continúan las negociaciones, miles de estudiantes permanecen sin acceso a clases, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento del calendario escolar y los procesos de evaluación hasta ahora previstos.