El descubrimiento del Rancho Izaguirre, un centro de entrenamiento de jóvenes sicarios del CJNG ubicado en Teuchitlán, Jalisco, reveló un vacío en la respuesta del gobierno frente al reclutamiento criminal a través de redes sociales. La existencia de este lugar, conocida gracias a la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, evidenció una indolencia estatal que ya lleva más de una década acumulándose.
Tras la pandemia, las desapariciones de jóvenes entre 15 y 19 años aumentaron considerablemente en varias entidades, con un incremento alarmante en la Ciudad de México. En un estudio presentado por un grupo de expertos en violencia y paz, se identificó que los cárteles explotan plataformas como TikTok para captar a estos jóvenes, sofisticando la difusión de contenido criminal y aprovechándose de la falta de respuesta oportuna del Estado.
El gobierno federal reaccionó con lentitud y descoordinación. En los meses siguientes al destape del Rancho Izaguirre, las declaraciones oficiales mostraron información escueta y una aparente improvisación. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre acciones cibernéticas destinadas a eliminar páginas vinculadas al crimen, pero no detalló alcance ni resultados claros. En el Congreso, pese a la gravedad del tema, no se plantearon cuestionamientos profundos sobre la infiltración de los cárteles en las redes sociales ni sobre el papel de las empresas tecnológicas.
La Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones negociaron un acuerdo voluntario con Google, Meta y TikTok, centrado exclusivamente en combatir la violencia contra las mujeres, dejando de lado mecanismos específicos para frenar el reclutamiento criminal. Actualmente, la coordinación entre las diversas dependencias involucradas—incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad—es poco clara y fragmentada, reflejando una estrategia reactiva y dispersa.
El gobierno mantiene su confianza en la autorregulación de las plataformas digitales, una postura que evita establecer un marco normativo que podría generar tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos, principal apoyo de las tecnológicas. Esta situación plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para enfrentar eficazmente los nuevos métodos de reclutamiento y adoctrinamiento de jóvenes sicarios en el país.