Con el Mundial de futbol a punto de comenzar, las autoridades de Ciudad de México implementaron un operativo para mantener el orden durante diversas movilizaciones sociales que se desarrollan en la capital. La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que su gobierno no empleará la represión contra los manifestantes, pero advirtió que no tolerarán actos de violencia bajo el pretexto de la libertad de expresión.

Las protestas coinciden con el aniversario de un evento histórico, la llegada de normalistas de Guerrero y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de la caminata con antorchas convocada por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Este escenario activó la vigilancia de las autoridades, que buscan evitar cualquier incidente que pueda afectar la imagen y el desarrollo del torneo que inicia en la ciudad.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que los colectivos de búsqueda deben respetar un perímetro de seguridad conocido como la “Última Milla” alrededor del Estadio Ciudad de México, una medida que justificó por la proximidad del evento deportivo. Al mismo tiempo, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, estableció controles rigurosos en los accesos, especialmente para los autobuses de normalistas provenientes de Guerrero, los cuales serán revisados para impedir el ingreso de objetos que puedan usarse como armas, respondiendo a denuncias ciudadanas.

Para garantizar la seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo con mil 700 elementos entre policías y personal de tránsito, además del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Por otro lado, la Secretaría de Gobierno movilizó a más de 500 servidores públicos para intermediar y evitar confrontaciones en los diversos puntos donde se concentran las movilizaciones, que incluyen rutas desde el Casco de Santo Tomás hasta el Cine Cosmos, así como posibles bloqueos en los accesos al aeropuerto realizados por el magisterio.

Las inspecciones cuentan con la supervisión de organismos de derechos humanos para impedir posibles abusos policiales, buscando un equilibrio entre la seguridad del evento internacional y los derechos de quienes participan en las protestas. Las autoridades enfatizan que el operativo es una medida preventiva y no una restricción a la libertad de manifestación, dentro de un contexto especialmente sensible por la relevancia global del Mundial.