Las comunidades indígenas nahuas de Guerrero viven una situación crítica marcada por la violencia, el abandono gubernamental y la impunidad. Durante una reunión en la cancha de la comunidad de Alcozacán, miles de indígenas desplazados junto con representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) expresaron su rechazo al desinterés y la indiferencia de los gobiernos estatal y federal.

El Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) denuncian que la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo, está vinculada directamente con el grupo armado Los Ardillos, a quienes supuestamente provee recursos municipales para la compra de armas. Esta acusación se basa en la relación familiar de Carballo con Celso Ortega, líder del grupo criminal. Además, reprocharon a la gobernadora Evelyn Salgado la incapacidad para frenar la violencia, incluso la acusaron de pactar con bandas delictivas.

Las comunidades señalaron que, contrariamente a versiones oficiales sobre la supuesta recuperación de la normalidad, las zonas desplazadas permanecen prácticamente desiertas y su población sufre profundas heridas, no solo físicas sino también sociales y culturales. Advirtieron que las ayudas gubernamentales actuales, como tarjetas y apoyos económicos, no constituyen una verdadera solución ni justicia para los afectados.

El manifiesto emitido por los pueblos nahuas también cuestiona la criminalización que han sufrido organizaciones como CIPOG-EZ y CRAC-PF, acusadas sin pruebas de ser grupos delincuenciales. Según ellos, esta estrategia busca desviar la atención para proteger a Los Ardillos y justificar un enfrentamiento ficticio entre bandas rivales.

Frente a esta crisis, las comunidades emitieron demandas concretas para garantizar su seguridad y desarrollo. Solicitaron la instalación de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales que resguarden a la población, descartando la creación de un cuartel militar que podría incrementar la tensión.

  • Exigieron que se entreguen directamente los recursos federales del Ramo 33, de los cuales aseguran no han recibido apoyo en años.
  • Pidieron la apertura de un Banco del Bienestar en la comunidad para evitar riesgos en sus desplazamientos a Chilapa.
  • Demandaron la construcción y ampliación de un centro de salud local.
  • Solicitaron la creación de un bachillerato en la zona con personal docente permanente.

El reclamo de estos pueblos indígenas pone en evidencia no sólo la persistente violencia en Guerrero, sino también la compleja relación entre autoridades y grupos armados, así como la urgencia de una política pública que respete la autonomía y derechos de las comunidades originarias.