La organización Asaja-Huelva reclamó con urgencia que el área devastada por el incendio en la comarca del Andévalo sea reconocida oficialmente como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil. Exigen así que se pongan en marcha sin demoras todas las medidas administrativas, económicas y técnicas necesarias para apoyar a los productores agrarios y ganaderos que perdieron tierras, explotaciones y animales.

El incendio afectó principalmente a los municipios de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, y las primeras estimaciones señalan que cerca de 5.000 hectáreas quedaron calcinadas. Gran parte de esta superficie corresponde a fincas privadas con uso agrícola y ganadero, lo que representa una pérdida profunda para quienes trabajan y viven en esa tierra.

Asaja-Huelva respondió a comentarios oficiales que minimizaban el valor ecológico y económico del terreno quemado, indicando que la dehesa y el territorio afectado tienen un peso fundamental en la economía local y el patrimonio de muchas familias. La organización rechazó categóricamente que se considere irrelevante la afección al bosque, matorral y pastos, ya que detrás hay generaciones que han invertido esfuerzo y recursos.

Además, alertaron que tras la extinción del fuego comenzará la etapa crítica de recuperación, que enfrentará la difícil realidad de que la normativa vigente impone a los propietarios el costo íntegro de la restauración ambiental, un gasto imposible de asumir para muchas explotaciones agrarias y ganaderas.

Para afrontar esta situación, Asaja-Huelva planteó cinco exigencias urgentes:

  • Solicitud inmediata de la declaración como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil ante el Gobierno de España.
  • Aprobación rápida por parte del Consejo de Ministros de esta declaración para poder activar las ayudas correspondientes.
  • Activación de medidas administrativas, económicas y técnicas orientadas a mitigar el impacto sobre propietarios y explotaciones.
  • Asesoramiento y apoyo técnico para la recuperación de los terrenos afectados.
  • Revisión de la normativa que obliga a los propietarios a costear la restauración ambiental para adecuarla a la realidad de la emergencia.

La organización insiste en que la magnitud del incendio y sus consecuencias sociales, ambientales y económicas requieren una respuesta ágil y sensible por parte de las administraciones públicas, que debe ir más allá del cálculo superficial de hectáreas quemadas y atender el daño real que sufren las comunidades rurales afectadas.