Baltasar Garzón, conocido por haber investigado delitos de gran impacto en España como terrorismo, narcotráfico y corrupción, critica con firmeza la actual utilización política de la justicia. Según el exjuez de la Audiencia Nacional, existen procedimientos judiciales que carecen de una explicación coherente para la ciudadanía, y que se emplean para erosionar adversarios políticos más que para impartir justicia.

Garzón, quien fue inhabilitado en 2012 mientras investigaba crímenes franquistas, sostiene que esta práctica se está transformando en un fenómeno habitual que afecta la independencia judicial, aunque enfatiza que la independencia existe cuando los jueces la ejercen con voluntad. En su análisis, destaca que ciertos grupos políticos de derechas —en concreto el Partido Popular y Vox— recurren sistemáticamente a la justicia y a comisiones de investigación para obtener réditos políticos fuera del Parlamento, generando un ciclo perjudicial y peligroso para la democracia.

El exjuez se refiere explícitamente al caso judicial que involucra a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como un ejemplo claro de la manipulación política a través de mecanismos legales. Afirma que las medidas restrictivas aplicadas en ese proceso resultan incomprensibles y desproporcionadas, lo que afectaría no solo a las personas involucradas sino también a toda la sociedad, al imprimir un sesgo político en las decisiones judiciales.

Garzón acaba de publicar un libro titulado La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia, en el que reflexiona sobre estas situaciones y recupera episodios emblemáticos de su trayectoria, como la liberación del funcionario José Antonio Ortega Lara secuestrado por ETA y la detención de Augusto Pinochet en Londres, fruto de una orden internacional que él impulsó. No obstante, también recuerda el golpe que significó para él su suspensión al investigar los crímenes del franquismo, una decisión que destaca como un retroceso para las víctimas históricas.

El jurista insiste en que la estrategia de utilizar la justicia como herramienta de desgaste político —conocida como “lawfare”— está cada vez más presente en España y contribuye a una fragmentación social preocupante. Señala además que el debate político debería mantenerse en el ámbito parlamentario y no trasladarse al judicial, para preservar la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.