A partir del 1 de julio de 2026, miles de usuarios de telefonía móvil en México podrían enfrentar la suspensión de sus líneas si no cumplen con el registro obligatorio de sus números telefónicos, que incluye proporcionar datos personales y documentos oficiales. Esta medida, vigente desde enero, busca generar un padrón nacional con información verificada, pero ha generado preocupación entre los usuarios que prefieren preservar su privacidad.
Como respuesta, diversos ciudadanos y colectivos dedicados a los derechos digitales han recurrido al Juicio de Amparo Indirecto para impedir la cancelación de su servicio de telefonía móvil. Este recurso legal permite solicitar una suspensión provisional que obliga a las compañías telefónicas a no desactivar la línea mientras se resuelve el caso judicial. Especialistas en derecho constitucional destacan que esta opción busca proteger derechos fundamentales relacionados con la privacidad y el acceso a las tecnologías de comunicación.
Para quienes decidan presentar un amparo antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026, es necesario seguir algunos pasos clave. Primero, hay que reunir el contrato o comprobante de propiedad de la línea telefónica, así como cualquier mensaje o notificación enviada por la operadora. Luego, es recomendable contar con asesoría legal o el apoyo de colectivos digitales especializados. La presentación del amparo debe realizarse ante los juzgados administrativos federales y requerirá un seguimiento constante de las notificaciones y resoluciones judiciales.
Respecto al registro obligatorio, el proceso se puede completar desde el mismo teléfono móvil y busca validar la identidad del usuario mediante la captura de una imagen de la identificación oficial y un reconocimiento facial con la cámara del dispositivo. Verificar que los datos estén correctos antes de enviar y conservar el comprobante son pasos esenciales para cumplir con el requisito en tiempo y forma.
El Padrón Nacional de Telefonía Móvil, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aplica prácticamente a la totalidad de líneas activas en el país, sin excepciones destacadas, por lo que quienes no realicen este registro podrían perder el servicio. La fecha límite establecida para cumplir con este trámite es el 30 de junio de 2026, tras la cual la suspensión de líneas se podrá ejecutar por las operadoras.