Las tarifas de taxi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continuaron sin cambios, a pesar de que el gobierno anunció una reducción en los costos de transporte para los pasajeros. Las empresas que operan el servicio dentro del aeropuerto rechazaron categóricamente que exista un acuerdo para ofrecer tarifas más bajas, desmintiendo así la versión oficial.

Las compañías Nueva Imagen, Porto Taxi y Sitio 300 aclararon que no recibieron propuestas formales para modificar precios ni para implementar subsidios, y que en ningún momento aceptaron descuentos para los usuarios. Además, pidieron públicamente al AICM que haga públicas las minutas, acuerdos o cualquier documento que respalde la supuesta negociación que dieron a conocer autoridades como el Grupo Aeroportuario Marina y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El origen del conflicto radica en la interpretación distinta entre las autoridades y los concesionarios sobre los denominados beneficios económicos. Mientras el gobierno aseguró que se otorgaron facilidades que permitirían reducir los precios al público, las empresas explicaron que tales beneficios en realidad corresponden a compensaciones temporales por afectaciones derivadas de las obras que actualmente se ejecutan en el aeropuerto, así como a la eliminación o corrección de cobros administrativos considerados indebidos o redundantes.

Para los permisionarios, esos ajustes administrativos no representan un ahorro suficiente para que exista una baja en las tarifas y, por lo tanto, los usuarios no experimentan un cambio en el costo de sus viajes desde y hacia el aeropuerto. Reprocharon también la narrativa oficial sobre los trabajos en el AICM, señalando que las labores se limitan a un mantenimiento necesario y no a una modernización profunda, por lo que las compensaciones respondían únicamente a las afectaciones que estas obras ocasionan a la operación comercial.

Este desencuentro marcó otro capítulo en la relación entre las autoridades aeroportuarias y las empresas de taxis, que demandaron transparencia y pruebas que sustenten cualquier afirmación sobre descuentos o subsidios. Mientras tanto, para los pasajeros las tarifas permanecen intactas, sin un alivio en el costo del servicio que se había prometido públicamente.