La detención de dos comunicadoras en San Luis Potosí desencadenó una crisis política y mediática que superó el control del gobierno local. La polémica escaló hasta involucrar a medios nacionales y organismos federales, quienes intervinieron para la liberación de las periodistas Eréndira Reyes Aguillón y su hija.
El gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona intentó mantener la narrativa de que no persiguen ni encarcelan a periodistas, pero esta postura se vio rápidamente desafiada por la presión pública y la cobertura nacional. Titulares como “Encarcela SLP a periodistas” y “Ley Serrano, el arma para reprimir la prensa” circularon con fuerza, evidenciando un rechazo amplio hacia la política estatal.
Frente a la creciente crítica, el debate se concentró inicialmente en definir si las mujeres detenidas podían considerarse periodistas, sin embargo, esta discusión perdió relevancia ante el cuestionamiento sobre el exceso y la arbitrariedad en su encarcelamiento. Ante esto, las autoridades locales cambiaron de estrategia y optaron por negar la existencia de órdenes de aprehensión contra los comunicadores señalados en una supuesta lista vinculada a campañas negras y hostigamiento mediático.
Funcionarios estatales, como el diputado Héctor Serrano Cortés y la fiscal Manuela García Cázarez, afirmaron que imágenes relacionadas con esta lista habrían sido creadas por inteligencia artificial para generar una crisis, desconociendo que al menos dos personas ya habían estado en prisión por estas causas. Datos proporcionados por las propias afectadas contradicen estas versiones oficiales, pues estas confirmaron haber sido notificadas para presentarse en audiencias judiciales.
En un intento por reparar la imagen del gobierno, algunos funcionarios han destacado públicamente el valor del periodismo, aunque insisten en rechazar cualquier crítica que cuestiona a las autoridades. Este discurso ha sido interpretado como una estrategia para ganar legitimidad mientras persiste la tensión con el gremio periodístico local.