La llegada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la Ciudad de México a finales de mayo marcó el inicio de una escalada de conflicto que buscó presionar al gobierno federal en plena celebración del Mundial de Fútbol. Modificando su calendario habitual de protestas y negociaciones, la CNTE intentó incrementar el costo político y operativo al gobierno mediante la amenaza de sabotajes durante el torneo.

En este contexto, dos eventos revelaron las complejidades del escenario: la detención de una célula radical del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con 59 petardos, y el cambio en la retórica oficial por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien amplió el señalamiento de responsables de la violencia para incluir no solo a la ultraderecha, sino también a sectores de ultraizquierda, una referencia implícita a grupos como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El EPR, una organización armada que mantiene un discurso radical crítico del actual gobierno y que nunca ha abandonado su intento por provocar un cambio de régimen, aprovechó la coyuntura para reforzar su presencia. En su órgano oficial “El Insurgente”, explicaron que buscaron que la jornada de lucha durante el Mundial visibilizara a nivel internacional la situación de la clase trabajadora en México.

Las protestas de la CNTE no se limitaron a la capital; también hubo movilizaciones en entidades con fuerte presencia magisterial disidente como Oaxaca y Guerrero. Estos movimientos generaron una percepción de caos e ingobernabilidad que resonó incluso en medios internacionales, complicando la gestión gubernamental.

Este bloque de presión magisterial está vinculado a un frente más amplio en el cual el EPR juega un rol fundamental como ala más radicalizada. En sus documentos, señalan que las administraciones actuales, incluida la denominada Cuarta Transformación, no habrían superado el capitalismo tradicional, funcionando más bien como una burocracia capitalista que rechazan profundamente.

La demanda central de la CNTE incluye la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cual consideran perjudicial para los derechos laborales y de seguridad social de los maestros. Esta iniciativa sostiene una ofensiva política que el gobierno ha rechazado, dejando abierta la posibilidad de más confrontaciones si no se encuentran vías de diálogo efectivas.