El desarrollo del acueducto Solís-León, proyecto clave para el abastecimiento hídrico en Guanajuato, se encuentra en un punto crítico donde la voluntad de la Federación será decisiva para su continuidad. Aunque la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo mantiene un discurso optimista, reconoce que existen resistencias y dudas legítimas que podrían frenar esta obra estratégica.
El gobierno estatal admite que en zonas como Acámbaro persisten movimientos opositores vinculados a activistas de Morena, partido que ha demostrado firmeza para impulsar proyectos pese a la controversia. Casos como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles ilustran cómo el Ejecutivo federal puede avanzar en iniciativas incluso frente a protestas y críticas ambientales.
El acueducto forma parte de un plan mayor que incluye la tecnificación del riego y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, un tema de amplio alcance que ha generado múltiples disputas. Un bloque de alcaldes de Jalisco se ha opuesto al proyecto, al igual que campesinos y familias en Acámbaro que, tras ser reubicadas hace décadas por la construcción de la presa Solís, aún carecen de escrituras definitivas sobre sus tierras. Las administraciones federales pasadas y la actual han ignorado estas demandas, pero ahora la presión social va en aumento con la expectativa de que el gobierno federal actúe.
Además de las reclamaciones legítimas, están presentes tensiones políticas que complican el diálogo. La confianza en los compromisos gubernamentales es baja, lo que añade incertidumbre respecto a la ejecución del proyecto. La gobernadora Dennise insiste en mantener la esperanza y avanzar para evitar repetir los fracasos históricos en materia de agua potable en la región.