El Gobierno anunció una inversión de 33 millones de euros para suprimir los asentamientos precarios en los municipios del área protegida de Doñana. Estos recursos tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de temporeros y comunidades vulnerables que habitan en chabolas, beneficiando a las localidades afectadas siempre que ejecuten correctamente los planes previstos.
La financiación forma parte del Marco de Actuación para Doñana y está orientada a fortalecer los servicios administrativos, jurídicos y sociales de los ayuntamientos implicados, con énfasis en inclusión social e inmigración. En concreto, se destinan proyectos de vivienda en Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer, donde existen algunos de los principales asentamientos irregulares.
Entre las iniciativas más destacadas figuran la construcción de un centro de estancia temporal para trabajadores agrícolas extranjeros y cerca de 40 viviendas sociales en Moguer. Algunas acciones ya están en marcha o en proceso administrativo. Además, el plan contempla campañas de sensibilización contra la xenofobia para favorecer la convivencia y la integración, acompañadas por programas de regularización documental y formación impulsados por los servicios sociales.
La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señaló que la mejora de las condiciones de alojamiento representa uno de los retos prioritarios, subrayando la necesidad de que las entidades locales aprovechen esta oportunidad para garantizar una respuesta efectiva a la situación.
Para reforzar la atención social, se incorporaron 44 profesionales especializados a los ayuntamientos de la zona, incluyendo trabajadores sociales, psicólogos y mediadores, con la previsión de sumar 13 contrataciones más próximamente. Esta dotación humana busca agilizar la gestión y mejorar los servicios dirigidos a las poblaciones afectadas.