El presidente Donald Trump oficializó una nueva asignación de 70 mil millones de dólares destinados a las políticas migratorias, que se suman a los 170 mil millones ya aprobados para este año. Así, el total alcanzó una cifra récord de 240 mil millones de dólares para el control migratorio y las deportaciones en Estados Unidos.
Los fondos se repartirán principalmente entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). De esa suma, 38 mil millones serán para ICE, encargada de las deportaciones, y 26 mil millones para CBP, que opera en las fronteras. El resto, cerca de 5 mil millones, se destinará a gastos imprevistos vinculados a la seguridad y las operaciones migratorias.
Este presupuesto incluye la construcción de nuevos centros de detención, el desarrollo y mejora de infraestructura fronteriza, la adquisición de sistemas de vigilancia y la contratación de personal adicional. También contempla el apoyo a agencias estatales y locales que colaboran con las autoridades federales en la implementación de las leyes migratorias.
La medida desencadenó críticas por parte de legisladores demócratas y organismos de supervisión, que alertan sobre posibles irregularidades financieras y problemáticas en centros de detención. Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno destacó gastos considerados innecesarios, además de deficiencias en la atención médica, alimentación y condiciones de alojamiento para personas detenidas.
El refuerzo financiero y operativo del control migratorio ha sido interpretado como un respaldo explícito a la política de endurecimiento impulsada por la administración Trump, que ha priorizado la intensificación de las deportaciones y la vigilancia en la frontera.