La lucha contra los cárteles de la droga en México enfrenta una escalada de intervenciones estadounidenses que desafían la soberanía nacional y tensionan la relación bilateral. Recientemente, se revelaron operaciones encubiertas del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano que no contaron con la aprobación oficial de las autoridades mexicanas.

Según reportes, la unidad especializada Ground Branch llevó a cabo una operación denominada Beltrán contra el Cártel de Sinaloa, que dejó múltiples bajas, sin informar ni coordinar con el gobierno mexicano. Otro operativo en territorio mexicano en febrero habría causado la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, El Mencho. Estas acciones sugieren un modus operandi cada vez más unilateral que contrasta con los acuerdos de cooperación previos entre ambos países.

La filtración de estas actividades se intensificó después de un accidente ocurrido en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA perdieron la vida durante una misión no oficial, uno de ellos bajo visa de turista, lo que evidencia la profundidad de la intervención encubierta estadounidense.

Además, la Casa Blanca adoptó una nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas que redirige su política hacia un enfoque más confrontativo y militarizado frente a México. Este cambio implica una potencial ampliación de sanciones, presión económica, restricciones comerciales y una mayor presencia militar en la frontera. También se contempla una aplicación extraterritorial del derecho estadounidense para perseguir a cabecillas y activos de grupos criminales mexicanos de manera directa.

Este escenario abre un debate sobre la soberanía y la no injerencia en asuntos internos, principios que México ha defendido firmemente. La intensificación de estas medidas responde a la clasificación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos y a la calificación de México como fuente principal de drogas sintéticas. Sin embargo, el avance de las operaciones unilaterales aumenta el riesgo de conflictos diplomáticos y de acciones encubiertas que pueden afectar la estabilidad y seguridad regional.