El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Morelos alertó sobre la ausencia de un marco jurídico que sancione la usurpación de identidades indígenas en procesos electorales. Según su delegado, esta carencia facilita que algunos actores políticos simulen pertenecer a comunidades indígenas con la intención de beneficiarse de acciones afirmativas para acceder a cargos de elección popular.
El funcionario señaló que, pese a esta problemática, en el Poder Legislativo regional todavía existe resistencia para avanzar en regulaciones que penalicen estas prácticas. Mencionó que es indispensable promover una iniciativa que contemple requisitos más estrictos para acreditar la autoadscripción indígena y que establezca sanciones tanto administrativas como penales para quienes presenten documentación falsa o avalada irregularmente por autoridades comunitarias no reconocidas.
La autoadscripción calificada es un mecanismo que busca garantizar que quienes se postulen por cuotas indígenas realmente pertenezcan a esos pueblos, evitando manipulaciones que desvirtúan los procesos democráticos y afectan la representación legítima de los pueblos originarios y afromexicanos.
Ante este contexto, el INPI reitera la urgencia de contar con un marco normativo que proteja la identidad y los derechos políticos de las comunidades indígenas, así como de fortalecer las garantías para procesos electorales transparentes y justos.