Un grupo de alrededor de cincuenta personas se reunió a las puertas de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz, conocida como Inmuba, para reclamar al ayuntamiento una intervención efectiva que regule los precios del alquiler en la ciudad y alivie la presión que sufren los inquilinos por los abusos de los propietarios.
La protesta, convocada por la plataforma Inquilinato Badajoz, forma parte de una ola nacional de movilizaciones impulsadas por sindicatos de inquilinos para exigir una vivienda digna, la reducción de los precios de alquiler, un incremento del salario mínimo a 1.500 euros y la expropiación de grandes tenedores para crear un parque de viviendas sociales que garantice acceso a un techo para todos y evite desahucios.
En Badajoz, además del colectivo organizador, participaron asociaciones vecinales, grupos de consumidores, estudiantes, sindicatos, partidos políticos, organizaciones ecologistas y movimientos feministas. Se anunció que estas movilizaciones continuarán en próximas fechas para mantener la presión institucional.
Durante la concentración resonaron consignas que denunciaban la realidad de muchos inquilinos: «Pagando tu alquiler no llego a fin de mes», «Concejal del PP págame tú el alquiler», «Ministro socialista a sueldo de Idealista», «Ni gente sin casa ni casa sin gente» y «Queremos vivir, no sobrevivir», reflejando el malestar social por la situación habitacional.
Daniel Ponte Balas, portavoz de Inquilinato Badajoz, ejemplificó la problemática al señalar que «no es normal que sea imposible pagar un alquiler en barrios como San Roque o La Estación», zonas donde la subida de precios hace inaccesible vivir. Destacó que debe pagarse cerca de 700 euros mensuales por un piso viejo, situación que afecta incluso a quienes quieren residir cerca de su familia y raíces, ilustrando un grave problema de exclusión social.
La plataforma exige que el ayuntamiento no se excuse en la falta de competencias, dado que la legislación estatal limita que un alquiler supere el 40% del salario. Según denuncian, en Badajoz los precios han subido un 80% en las últimas dos décadas, lo cual supera ampliamente ese límite y afecta la economía de los hogares.
Además, reclaman que la Inmobiliaria Municipal cumpla un rol activo en la solución del problema y gestione viviendas y alquileres sociales para proteger a los sectores más vulnerables.
La movilización suma un llamado a la voluntad política para afrontar la crisis del acceso a la vivienda en Badajoz y demanda que la ciudad implemente medidas concretas para frenar la especulación y garantizar el derecho a un domicilio seguro y asequible.