Michoacán ha avanzado en la constitucionalización de un programa de conectividad para estudiantes que garantiza el acceso a internet, un derecho necesario en una entidad con rezagos en infraestructura digital. Sin embargo, esta medida no incluye mecanismos para el control o supervisión del contenido digital, un aspecto crítico que el gobierno federal señala como fundamental para la protección de la infancia y la juventud.
Esta ausencia de regulación ocurre en un contexto marcado por eventos como el tiroteo del pasado marzo en la Preparatoria Antón Makarenko, donde dos docentes fallecieron. Este episodio se enmarca en una serie de amenazas violentas impulsadas por la viralización en redes sociales de fenómenos como "Tiroteo Mañana", que generaron preocupación por la seguridad en múltiples planteles de Michoacán. Especialistas han señalado que este tipo de contenidos violentos y mensajes relacionados con narcocultura y criminalidad organizada forman parte del consumo cotidiano entre niños y jóvenes en la región.
Mientras el gobierno federal inició un proceso nacional de regulación de plataformas digitales basado en foros y consultas públicas para proteger a la niñez mexicana, Michoacán adopta un camino contrario que no contempla salvaguardas para evitar la circulación irrestricta de contenidos nocivos. La Secretaría de Educación estatal, además, ha sido cuestionada por no transparentar datos clave como resultados académicos, tasas de abandono escolar y medidas contra la violencia en escuelas, lo que dificulta el diagnóstico y respuesta eficaz.
El debate local sitúa a Michoacán en una posición de riesgo frente a la expansión digital sin reglas claras que limiten los efectos negativos en ambientes escolares. El derecho a la conectividad es reconocido, pero expertos y organizaciones civiles insisten en que debe implementarse con protocolos pedagógicos y filtros tecnológicos para asegurar que la red sirva para el aprendizaje y no para reproducir violencia o desinformación.