En un operativo en la sierra Tarahumara, Chihuahua, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) entregó un rifle calibre .223 a un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, involucrado en un accidente que terminó con la muerte de dos efectivos estadounidenses y dos policías estatales.
El arma había estado asignada a una policía estatal que trabajaba en la AEI y fue solicitada por otro agente, escolta del director de la corporación. Tras el incidente ocurrido entre la noche y madrugada en el poblado de Polanco, esta oficial no fue citada a declarar ya que no participó directamente en el operativo y recibió vacaciones luego del accidente, indicaron mandos de la AEI bajo anonimato.
La investigación detalla que, tras la caída del vehículo en un barranco, el rifle se dañó. Para evitar la pérdida de evidencias, un responsable del banco de armas de la AEI reemplazó el rifle roto por otro nuevo, quedándose con los restos del original. Aquel cambio forma parte de las irregularidades que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República analizan en la indagatoria.
Durante el accidente, el director de la AEI y un agente estadounidense fueron expulsados del vehículo, mientras que otro agente de la CIA y el escolta quedaron atrapados en la camioneta y fueron rescatados por sus compañeros. Posteriormente, el ex fiscal especializado en operaciones estratégicas del estado fue vinculado en la investigación debido a su relación con la CIA y su supuesto papel en operaciones paralelas en la región noreste del país.
Este ex fiscal mantuvo cargos relevantes dentro del sistema judicial de Chihuahua, incluyendo coordinador en la zona norte y posterior titular de la AEI, así como fiscal de operaciones estratégicas. Su nombre figura entre los primeros citados por la Fiscalía General para esclarecer el rol de agencias extranjeras en el territorio.
El caso reveló vínculos inesperados entre autoridades estatales y agentes extranjeros, así como presuntas acciones para manipular el escenario del accidente y proteger a ciertos funcionarios, lo que ha generado críticas en distintos sectores interesados en la transparencia y soberanía nacional.

