El anuncio reciente del titular de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas para reactivar la regularización de vehículos extranjeros pone sobre la mesa un programa federal con resultados mixtos y una profunda controversia sobre sus objetivos. Aunque se reportan casi tres millones de autos regularizados, la medida no logró reducir la inseguridad ni frenar el contrabando, que aumentó tras su implementación.
Este programa, impulsado bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tuvo como objetivos combatir la inseguridad vinculada a los autos irregulares, otorgar certeza jurídica a familias con bajos ingresos y detener el tráfico ilegal de vehículos. Sin embargo, ninguna de estas metas se alcanzó de forma sustancial. Los índices delictivos no mostraron mejora vinculada al decreto, y muchos de los beneficiarios poseían vehículos de alto valor, fuera del alcance de la población vulnerable a la que se apuntaba.
Además, el programa terminó incentivando el contrabando, ya que los "carreros", como se conoce a quienes introducen autos ilegalmente, interpretaron que había una tolerancia gubernamental. Esto generó un flujo constante de vehículos indocumentados que continúan cruzando la frontera sin mayores obstáculos, lo que pone en entredicho la supuesta eficacia legal del decreto.
El funcionario estatal mencionó que en Tamaulipas aún quedan pendientes alrededor de 200 mil vehículos sin regularizar. No obstante, analistas y expertos advierten que la cifra real es mucho mayor, dado el permanente tránsito de unidades irregulares. La reapertura del programa coincide con un calendario electoral complejo, en el que se renovarán numerosas gubernaturas, la cámara baja, alcaldías y congresos locales. Esto sugiere que el interés político detrás de la regularización, que genera beneficiarios que podrían volverse votantes afines, influye en la decisión de retomar la iniciativa.
Critican que si la intención fuera realmente controlar la problemática, se optaría por aplicar y reforzar la ley, intensificando la vigilancia en la frontera, combatiendo las redes de contrabando y sancionando a quienes lucran con la importación ilegal. Sin embargo, esas acciones resultan menos rentables electoralmente, lo que explica la preferencia por la regularización masiva como estrategia.