La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, volvió a aparecer después de lograr huir tras haber sido secuestrada por un grupo criminal que exigía un rescate en la zona sur del Estado de México. Sin embargo, ni ella ni el Ayuntamiento han presentado denuncia formal ante las autoridades, lo que ha dejado en pausa cualquier acción legal o policial para esclarecer el caso.
Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron que no existe ninguna denuncia registrada respecto a la privación ilegal de la libertad ni a la petición del rescate. Esta ausencia de denuncias compromete las herramientas legales para iniciar una investigación, rastrear a los responsables o realizar detenciones.
El silencio institucional repite un patrón similar al ocurrido con un funcionario de Malinalco, quien también fue secuestrado y liberado tras un operativo que movilizó a las autoridades en la región sur del Estado de México. En ambos casos, el no formalizar la denuncia refleja la gravedad del problema de seguridad y la falta de confianza en el sistema de justicia local.
Al optar por no denunciar, la alcaldesa revela la profunda vulnerabilidad que enfrentan los servidores públicos y habitantes en territorios dominados por redes delictivas que superan la capacidad estatal para proteger a sus ciudadanos. Esta omisión hace visible una crisis operativa en los mecanismos de justicia y gobernabilidad municipal.
En las próximas horas, el Ayuntamiento de Tenancingo deberá informar sobre la salud de la presidenta municipal y cómo afectará este episodio la administración local. La seguridad pública y el control institucional están en riesgo, por lo que el gobierno estatal podría considerar asumir el resguardo del municipio ante el vacío de poder generado por este evento.