El proceso político mexicano desemboca cada vez más en un espectáculo donde el gasto supera con creces las necesidades básicas de la población. Mientras millones enfrentan carencias en servicios esenciales, los recursos destinados a elecciones y promoción política se invierten en actividades que muchas veces solo simulan participación ciudadana.
La organización de eventos partidistas implica gastos significativos en transporte, alimentación, materiales promocionales como camisetas y banderas, además de pagos directos a asistentes para generar aparente apoyo. Estos gastos, lejos de fortalecer la democracia, alimentan una industria paralela de acarreo y propaganda que diluye la función social del financiamiento público.
En contraste, persisten deficiencias graves en infraestructura urbana, educación, salud y movilidad. Datos oficiales confirman que millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos que el estado debería garantizar. Sin embargo, los gobernantes destinan miles de millones en publicidad institucional y comunicaciones cuyo impacto en la solución de problemas públicos es cuestionable.
El costo de la teatralización política no es solo económico. Miles de ciudadanos se ven forzados a participar en largas jornadas en condiciones adversas, desde temperaturas extremas hasta exposiciones a lluvias y viento. Obligados a aplaudir y mostrar entusiasmo dirigido, se convierten en meros accesorios para la imagen pública del político, cambiando su “color” y lealtad según la ocasión, sin recibir beneficios concretos a cambio.
Esta dinámica muestra una relación asimétrica donde el político busca la fotografía y la escena, mientras que el ciudadano usa la participación como una forma de subsistencia temporal, esperando apoyos o empleos que muchas veces nunca se materializan. La estrategia política evidencia así un costo oculto que va más allá de las cifras oficiales, afectando la confianza y la calidad democrática.