Los empleados de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas) y de organismos operadores que provoquen, por dolo o negligencia, fugas o desperdicio del agua podrán ser sancionados con penas de prisión, multas económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Estas medidas se establecieron tras una reforma aprobada por unanimidad en las comisiones legislativas de Tamaulipas.

La reforma añade el artículo 482 al Código Penal de Tamaulipas, creando responsabilidades penales para quienes, en su función pública, comprometan el suministro, la distribución o el acceso equitativo al agua potable. Se contempla penalizar tanto la intención como la negligencia, entendida esta última como impericia o falta de cuidado en el desempeño de sus labores.

Las sanciones incluyen de uno a cuatro años de prisión, multas que van de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y la posibilidad de inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos entre uno y cinco años. Los legisladores enfatizaron que el cuidado del agua debe pasar de ser una cuestión administrativa a un asunto público protegido con medidas ejemplares frente a conductas que afecten su disponibilidad.

El dictamen especifica que será considerado delito el acto de generar derrames, fugas, desperdicios o extracciones irregulares bajo responsabilidad directa, que pongan en riesgo la disponibilidad del recurso para los usuarios. La iniciativa se fundamenta en el reconocimiento del agua como un derecho humano protegido por la Constitución Mexicana y tratados internacionales.

Durante el análisis legislativo, se destacó la importancia de la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que establece obligaciones concretas para garantizar el acceso equitativo al agua y evitar su aprovechamiento irregular. Además, se alertó que cualquier daño ambiental o afectación al suministro de agua representa una amenaza para la salud pública y el bienestar social.

Para reforzar la redacción y eficacia de la reforma, se consideraron las aportaciones técnicas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Fiscalía General de Justicia del Estado, ambas apoyando la creación de este nuevo delito. Se recomendó adoptar el concepto de conducta culposa en sustitución de «negligencia grave» para facilitar la aplicación legal.

Con esta reforma, los diputados buscan fortalecer el marco jurídico y garantizar la protección del recurso hídrico en Tamaulipas ante un escenario de creciente demanda y riesgos ambientales, asegurando responsabilidades claras para quienes tengan a su cargo la gestión del agua potable.